La acción de Dina Boluarte de retirar S/ 1.8 millones de sus cuentas a pesar de tener ingresos menores plantea interrogantes sobre su gestión financiera y la transparencia en el manejo de sus finanzas personales.
Bajo la explicación de que el Rolex fotografiado era un préstamo, Dina Boluarte se encuentra inmersa en un panorama aún más complicado. Además del escándalo del reloj, existen cuatro aspectos adicionales que están siendo objeto de investigaciones preliminares, entre ellos, el desequilibrio patrimonial detectado por un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Dina Boluarte se enfrenta a acusaciones de corrupción a pesar de no ser acusada de enriquecimiento ilícito por el caso del Rolex. Un informe inicial sugiere que la mandataria ha registrado más de S/1 millón de soles en ingresos en sus cuentas bancarias, una suma que no concuerda con los ingresos derivados de sus actividades laborales conocidas. Sin embargo, nuevos detalles revelados por El Comercio plantean aún más incertidumbres sobre la situación financiera de la presidenta.
Según informes recientes, se han señalado movimientos financieros sospechosos en las cuentas bancarias de Dina Boluarte, incluyendo depósitos y retiros de dinero cuya procedencia no puede ser justificada. Durante el período comprendido entre abril de 2016 y agosto de 2022, Boluarte realizó numerosos retiros de efectivo y transferencias bancarias que superaron con creces los ingresos declarados en sus cuentas.
La UIF ha destacado un desequilibrio patrimonial significativo, con retiros que superan en gran medida los ingresos conocidos de Boluarte. Esta disparidad plantea serias preguntas sobre la gestión financiera de la presidenta y ha llevado a una investigación más profunda por parte de las autoridades.
A pesar de las afirmaciones de transparencia por parte del Palacio de Gobierno, la situación financiera de Dina Boluarte sigue siendo motivo de preocupación. Aunque ha presentado sus declaraciones juradas como ministra y presidenta, la discrepancia entre sus ingresos declarados y sus movimientos financieros genera interrogantes sobre la integridad de su gestión patrimonial.
