La Comisión Permanente del Congreso ha sancionado con mano firme al ex primer ministro del expresidente Pedro Castillo, Aníbal Torres, aprobando un informe final que recomienda su inhabilitación por un período de diez años en la función pública, señalando supuestas violaciones a los artículos 38, 45 y 125 de la carta magna.
Este acto legislativo, respaldado por 15 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, representa un golpe contundente a la carrera política de Torres, quien no estuvo presente en la sesión de la Comisión Permanente pero emitió una declaración denunciando la decisión como un juicio sumario motivado por intereses políticos.
La denuncia constitucional en contra del ex primer ministro, impulsada por Jorge Montoya de Renovación Popular, se basa en una serie de declaraciones públicas donde Torres instigaba a la movilización ciudadana contra lo que él denominaba «la ultraderecha» y «los golpistas». Tales palabras, según la congresista Martha Moyano, constituyen un abandono del deber de preservar el estado democrático de derecho, una responsabilidad inherente a su cargo como presidente del Consejo de Ministros.
Además de este escrutinio político, Aníbal Torres enfrenta cargos penales relacionados con su papel en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, así como por supuestas violaciones a las reglas de conducta relacionadas con las investigaciones judiciales en su contra.
La sombra de la justicia se cierne sobre Torres, quien enfrenta no solo la posibilidad de una inhabilitación política, sino también penas de prisión, todo ello mientras lucha por mantener su inocencia y su honor político en medio de un escenario cada vez más hostil.
