Con 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el texto sustitutorio que prohíbe a personas condenadas por delitos graves postular a cargos públicos por 10 años luego de haberse rehabilitado.
Fernando Rospigliosi, presidente de dicho grupo de trabajo, manifestó que el objetivo del proyecto de reforma constitucional es inhabilitar a postulantes que pretenden «destruir la democracia».
Entre los ilícitos comprendidos en la iniciativa figuran delitos contra la democracia (rebelión, sedición o motín), terrorismo, traición a la patria, narcotráfico, etc.
«Son, específicamente, delitos que atentan contra el sistema democrático, delitos muy graves que atentan contra el sistema democrático y el orden constitucional», precisó Rospigliosi, quien dijo esperar que el Pleno apruebe la ley en la presente legislatura y la ratifique en la próxima legislatura, que iniciará en marzo de 2025.
En detalle, el texto indica que los que han sido sentenciados por estos delitos graves serán impedidos de ejercer cargos de elección popular y cargos de funcionarios designados hasta por diez años después de finalizada su condena.
