Los legisladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Jaime Quito (Perú Libre) se mostraron a favor de hacer correcciones a la norma que modifica el proceso de colaboración eficaz, la cual ha sido cuestionada por la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión y expertos en el tema.
«Yo que creo que las leyes no se dan para afectar la justicia, sino para mejorarla. Si la ley que se ha dado no ha verificado o tomado en cuenta algo que afecte la justicia, es necesario corregir«, señaló.
El parlamentario dijo que la Fiscalía y el Poder Judicial deberían brindar la información sobre cómo les afecta el proyecto aprobado por el Congreso.
Montoya explicó que la idea al reducir los plazos de la colaboración eficaz no fue bloquear la investigación, sino que funcione de manera más ágil.
«Es algo tan técnico (la colaboración eficaz) que el común de los mortales no sabemos cómo funciona si no somos fiscales. Deberíamos escuchar las opiniones críticas hacia norma aprobada para ver qué cosa debemos corregir si que hay algo que corregir», señaló.
Por su parte, el congresista Quito también se mostró a favor de modificar la norma si es que el plazo establecido no es el adecuado.
«Todo es modificable, nada puede ser pétreo(…) se puede hacer ajustes. En eso sí estoy de acuerdo», señaló.
No obstante, el parlamentario consideró que sí es importante fijar un tiempo para concluir el proceso de colaboración eficaz a fin de evitar abusos y atropellos.
Advirtió que en algunos casos se ha dejado los casos de colaboración eficaz en stand bye y no se continúa la investigación, mientras que en otros hay apresuramiento.
De igual manera, el congresista dijo que se debe establecer criterios claros para que los colaboradores eficaces realmente lo sean y se certifique la información proporcionada. «Muchas veces ya te sindican de algo cuando no hay nada, creo que eso debería regularse», subrayó.
Según el proyecto de ley aprobado por el pleno del Congreso el proceso para la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz podrá durar un máximo de 8 meses, siendo posible su prórroga hasta por 4 meses más por causas justificadas y hasta por 8 meses más en caso se trate del delito de crimen organizado.
