Pedido fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A fin de proteger la vida y la integridad personal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, y de su familia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita medidas provisionales a favor del referido magistrado.
Estas consisten en solicitar al Estado Peruano medidas para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Salas y de su familia. Las mismas comprenden realizar acciones que tengan que ver con las causas que generan el riesgo que se considera que corre el titular del JNE.
Asimismo, se plantea pedir que se mantengan las medidas de protección que ya se han adoptado al respecto.
El requerimiento fue hecho de acuerdo a un comunicado dado a conocer por la CIDH. Dicha instancia, desde julio de 2021, ya había otorgado medidas cautelares a favor de Salas por considerar que su integridad corría riesgos ante las amenazas de las que es objeto.
Recuento de amenazas
Se indica que este magistrado “viene siendo objeto de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, doxing, hostigamiento y amenazas de muerte”.
Estas se dieron tras las elecciones presidenciales de 2021, que estuvieron signadas -recuerda la CIDH- por “campañas de noticias falsas y acusaciones contra las autoridades electorales”.
El pedido hecho a la Corte IDH se debe también a que “las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo”.
“Los derechos de Jorge Luis Salas Arenas, en tales circunstancias, se encuentran en una situación de riesgo extremo y que está expuesto a ser objeto de inminentes actos que materialicen la violación de sus derechos”, se indica. Esto se hace extensivo a su familia, señala la CIDH en su comunicado.
La Corte IDH emite medidas cautelares en casos de extrema gravedad y urgencia. Estas tienen carácter obligatorio para los Estados signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
