Estudio revela que 56 personas perdieron la vida durante manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Este miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelará las conclusiones de un informe que elaboraron para concluir qué ocurrió durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, que surgieron tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022.
Según el estudio elaborado, 56 personas perdieron la vida durante las protestas. Entre estos ciudadanos, se encuentran 8 adolescentes y un policía. Otras 912 personas resultaron heridas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se basó en fuentes oficiales y visitó las ciudades donde dos personas fallecieron durante las protestas. Estas fueron Ayacucho y Juliaca.
Antes de enunciar sus conclusiones, en el informe, saludan la apertura del Estado peruano para que se visiten los lugares donde ocurrieron los asesinatos, en diciembre de 2022 y enero de 2023; también por haber brindado información durante este trabajo de investigación.
En el estudio, determinaron que las protestas sociales comenzaron el 7 de diciembre de 2022. Aclararon que las causas de estas manifestaciones fueron demandas políticas como el adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente.
“En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”, explicaron.
Otras razones por las que se organizaron manifestaciones fueron porque las provincias del Perú, alejadas de Lima, buscan que se valore la diversidad étnico-racial del país y que no se les estigmatice.
Quieren que les consulten sobre obras extractivas de empresas que pueden perjudicar los territorios donde residen. También buscan que la riqueza generada por la extracción de materias primas en los lugares donde viven se reparta de forma equitativa.
Tras contabilizar las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que miles de personas se movilizaron en 477 manifestaciones.
“Al respecto, la CIDH reitera que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia y es un derecho que en contextos de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural, exclusión política y social”, indicaron.
Sin embargo, durante estas protestas se observaron actos de represión. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las fuerzas del Estado no fueron uniformes en todo el Perú y se excedieron en casos concretos.
Por ejemplo, en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, el uso de las fuerzas estatales fue “desproporcionado, indiscriminado y letal”. Así lo califican porque hubo un alto número de personas que murieron y ciudadanos con heridas en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, lo que incluye perdigones.
También se observó en estas regiones un gran número de víctimas que no estaban protestando, pero que fueron heridas, por lo que la CIDH pidió que se investigue, juzgue y sancione.
Finalmente, recomendaron que las fiscalías especializadas en derechos humanos investiguen de forma diligente las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.
“La superación de la crisis en Perú requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho. El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática”, sugirieron.+
* Fuente: Infobae
