La Audiencia Nacional española rechazó conceder el asilo al exjuez supremo, César Hinostroza, cuya extradición a su país, aprobada por esta corte española, quedó paralizada mientras se resolvía su petición de asilo por persecución política.
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una resolución conocida este jueves, rechazó el asilo, tras un recurso interpuesto por el exjuez peruano en 2019, después de que fuera rechazada su petición en 2018.
Los magistrados descartaron “que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente», o “que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales».
En su petición de asilo, Hinostroza se declaraba víctima de una «trama» encabezada por el expresidente, Martín Vizcarra.
Sin embargo, la Sala observa que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú, y tampoco existen «datos objetivos» que permitan concluir que el expresidente esté al frente de la trama que se relata, «pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente».
La Sala tampoco acepta que, si la alegación de persecución política es por su supuesta vinculación con el partido de Keiko Fujimori, porque fue «el propio Congreso, con mayoría de representantes de dicho partido, el que inhabilitó al recurrente y autorizó que se formulara acusación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y negociación incompatible».
En cuanto a la posible vulneración de derechos fundamentales que sufriría en la cárcel en Perú, los magistrados vuelven a remitirse a lo acordado por la Sala de lo Penal, que accedió a la extradición «precisamente porque ha descartado el riesgo de que el reclamado pudiera ser objeto de tratos inhumanos o degradantes o ser objeto de tortura».
Uno de los seis magistrados que componen la Sala de la Audiencia Nacional votó en contra de la extradición, y en su voto particular, comparte la tesis de Hinostroza de que en Perú «no tendrá un juicio justo» y que dado «el estado actual de las cárceles peruanas», no se preservaría su seguridad física.
Tiene además en cuenta los continuos ceses en la Fiscalía de Perú, que «no garantiza la objetividad de su actuación» y por eso «no está garantizado que si se le extradita» no vaya a ser procesado por otro delito, previamente denegado por la Audiencia Nacional española.
