En febrero de 2024, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró a Trujillo en estado de emergencia, buscando mejorar la seguridad en la región de La Libertad. Sin embargo, después de más de nueve meses, la situación no ha mostrado mejoras notables, y los distritos de Pataz, Trujillo y Virú siguen enfrentando delitos como extorsiones y explosiones.
Ante recientes protestas en Virú por la falta de seguridad, el gobernador regional César Acuña solicitó formalmente al Gobierno que envíe al Ejército para asegurar el control de Trujillo y Virú. Según Acuña, esta intervención militar comenzará en diciembre y se extenderá por 90 días, mientras se instala en Trujillo una base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). El coronel Arana, quien liderará la base Dinoes, ya coordina las estrategias para enfrentar la criminalidad en una operación que, según Acuña, seguirá un enfoque similar al de los programas de seguridad en Estados Unidos.
Para Acuña, el apoyo militar es esencial ante el poder de las organizaciones criminales que han superado la capacidad operativa de la Policía Nacional. Aunque en un reciente operativo en El Milagro fueron detenidos tres sospechosos, entre ellos un miembro de una red de sicarios, la eficacia policial sigue siendo cuestionada.
El 7 de noviembre, Acuña y otros 14 gobernadores regionales firmaron en la Presidencia del Consejo de Ministros un pronunciamiento a favor de la paz y la competitividad en el contexto del Foro APEC 2024. En el documento, difundido en redes, se subraya la importancia de la estabilidad social y la unidad para combatir la inseguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
