La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato- PGE, logró que el Poder Judicial condene al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, junto a otros 3 acusados y se les imponga el pago de más de S/ 3 mil millones de reparación civil a favor del Estado, la misma que se pagará de manera solidaria por todos los condenados.
En un adelanto de fallo realizado este lunes 21 de octubre, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Toledo a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión agravada de lavado de activos.
Asimismo, impuso una pena de 9 años de prisión a Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font por el delito de colusión agravada, mientras que el empresario Fernando Castillo Dibos recibió una pena de 14 años y 6 años por los delitos de colusión agravada y de lavado de activos.
Estas condenas se harán efectivas de confirmarse en segunda instancia.
Estado será reparado económicamente
El colegiado aceptó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc e impuso la suma de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones de pago de reparación civil (en total más de S/ 3 mil millones), la misma se pagará de manera solidaria por los 4 condenados, las empresas JJC Contratistas Generales e ICCGSA, y los herederos del investigado fallecido Patrick Barclay Méndez.
“La obtención de este monto de reparación civil es un logro para la Procuraduría Ad Hoc – PGE, ya que el juzgado ha aceptado de manera íntegra la suma que hemos solicitado como perjuicio al Estado, acreditado a partir de los aspectos técnicos determinados en el caso”, señaló la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola.
“De confirmarse este monto en segunda instancia, iniciaremos las acciones de cobro con los embargos de bienes que hemos realizado. Asimismo, hay que tener en cuenta que las empresas Odebrecht, Aenza y otros colaboradores eficaces ya vienen pagando parte de este monto de reparación civil”, afirmó la abogada del Estado.
Es importante señalar que los montos de reparación civil fijados en los acuerdos de Odebrecht y Aenza fueron calculados bajo los parámetros de la Ley 30737 y su reglamento.
