La propuesta forma parte del dictamen de la Comisión del Transportes y Comunicaciones del Congreso, que aprobó modificaciones en la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley 27943), según lo informado por el presidente del citado grupo de trabajo, Eduardo Salhuana. El dictamen aún deberá pasar por el tamiz del pleno del Parlamento.
El vacío legal que dio pase a la controversia por el uso exclusivo de los servicios esenciales en el puerto de Chancay, podría ser subsanado tras la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que autoriza a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgar este tipo de licencias al amparo de las modificaciones de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
En su cuenta de X (ex Twitter) el presidente de la citada comisión, Eduardo Salhuana, informó de la aprobación del dictamen y que ello permitiría “solucionar la controversia por demanda de la APN que afecta la continuidad del megapuerto de Chancay”.
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“El Congreso contribuye así a consolidar la estabilidad jurídica y propiciar la inversión privada para la generación de empleo y desarrollo en el país”, señala el legislador en su red social.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en la décima cuarta sesión ordinaria del referido grupo de trabajo, con 16 votos a favor. El dictamen recae en los proyectos de ley 7141/2023-CR y 7188/2023-CR, que proponen modificar los artículos 10 y 11 de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional.
En una entrevista para Altavoz, el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, recordó que la inversión en la primera etapa del puerto de Chancay es de US$ 1.300 millones y que las obras van por un 75% de ejecución por lo que la inauguración será en noviembre durante la visita del presidente de China, Xi Jinping, en el marco del Foro APEC.
Sin embargo, dijo que, según el contrato con el Estado peruano, se otorga a Cosco Shipping Ports Chancay Perú la exclusividad de los servicios en el puerto y que la decisión de la APN de retirarles la operación de estos servicios es un cambio en las reglas del juego que comprometen la inversión futura.
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Cabe indicar que el legislador Luis Ángel Aragón Carreño (AP) confirmó que lo que se propone en el dictamen aprobado el lunes es que la Autoridad Portuaria Nacional, esté a cargo de otorgar la habilitación y licencias portuarias, que incluirían la ejecución y prestación exclusiva de servicios esenciales portuarios.
Lo que aún está por definir es que si tras el visto bueno del Pleno del Congreso, que aún falta, y de la promulgación de la norma por parte del Ejecutivo, que también aún falta, la APN le devuelva a Cosco Shipping Ports Chancay Perú la prestación exclusiva de esos servicios esenciales o si es que debe empezar desde cero con el proceso de solicitarlos.
Cabe indicar que, de tener luz verde en el Pleno del Legislativo, la norma debe fomentar el desarrollo portuario y fortalecer el marco regulatorio, y ser promotor y garante de la seguridad jurídica para las inversiones en los terminales portuarios del país.
Salhuana, informó también que los proyectos que sustentan el dictamen buscan eliminar la disparidad entre los plazos para desarrollar y gestionar la infraestructura portuaria mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP) y la particularidad de estas modalidades de contratación.
“Según la normativa portuaria, la administración está limitada a un plazo máximo de 30 años, mientras que, bajo la legislación general, este plazo puede extenderse hasta 60 años. Si consideramos que el desarrollo de la economía nacional se basa en gran medida en la inversión privada, la intención es estandarizar dichos plazos, para dar la posibilidad de continuar y permitir el desarrollo de proyectos a mayor plazo y dentro del sector portuario”, sustentó Salhuana Cavides.
Los legisladores José Cueto Aservi (RP) y Roberto Sánchez Palomino (CD-JPP) se mostraron a favor de la iniciativa destacando la necesidad de generar ejecución e inversión.
“Lo relevante es la necesidad de estandarizar, es decir, regular con condiciones igualitarias para inversionistas privados con participación del Estado, en los procedimientos en que se han establecido en el texto”, sostuvo Sánchez Palomino.
Por su parte la parlamentaria Jeny López Morales (FP), solicitó con urgencia, que el ministerio de Transportes y Comunicaciones priorice las obras de inversión de gran impacto, para mejorar la competitividad en la Ucayali.
El congresista Jorge Marticorena Mendoza (PB), dio a conocer su preocupación por las garantías que brindaría el Estado, a efecto de que las grandes obras no generen perjuicio a quienes viven en estas zonas.
El debate y acuerdo ocurrió el lunes 8, luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, se presentara ante el grupo parlamentario, donde brindó la opinión institucional de su sector, respecto a los proyectos de ley que proponen modificar de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional.
