La aprobación de la presidenta Dina Boluarte al comenzar su segundo año de gestión muestra un saldo negativo, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Tan solo el 8% de la ciudadanía respalda su labor, mientras que la desaprobación alcanza un 82% en enero de 2024.
Surgen inquietudes sobre posibles beneficios otorgados a Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, que podrían contravenir normativas peruanas, según informa Radio Onda Azul.
El estudio, que tomó la opinión de 1208 entrevistados, señala que la aprobación de la presidenta ha igualado su punto más bajo desde noviembre de 2023, cuando también se situó en un 8%.
Aunque la desaprobación ha disminuido desde el 85% registrado en noviembre de 2023, el porcentaje de ciudadanos que prefieren no opinar o están indecisos ha aumentado al 10%.
La encuesta, realizada entre el 19 y el 24 de enero de 2024, posiblemente se vio influenciada por las impresiones de la ciudadanía tras la agresión sufrida por Dina Boluarte el 20 de enero en Huamanga, Ayacucho. Dos mujeres la confrontaron, responsabilizándola por la muerte de sus familiares durante protestas ocurridas un año atrás.
A pesar de la agresión, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews Salazar, menciona que la presidenta no descarta viajar al sur, aunque organizaciones vinculadas a deudos y familiares de heridos en protestas expresaron su deseo de no recibirla.
Las medidas de seguridad de la presidenta se modificarán para evitar incidentes como el ocurrido en Ayacucho, según declara Mathews. Aunque se registraron críticas durante la visita a Huamanga, el ministro considera que Boluarte tuvo «reconocimiento y aceptación» en Ayacucho.
La región de Puno también rechaza la posible visita de la mandataria. Jacinto Ticona, comisionado de la Defensoría del Pueblo, indica que su presencia podría ser vista como provocativa, y actualmente no existen condiciones para una visita oficial.
Cabe recordar que más de 40 personas perdieron la vida durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso entre diciembre de 2022 e inicios de 2023, especialmente en Ayacucho y Puno, donde el conflicto alcanzó niveles de violencia significativos.
