Legislador solicitó información al MTC sobre la ampliación de permisos de operaciones a la empresa en la que laboró hasta un mes antes de asumir el cargo de congresista
El flamante presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, continúa en el ojo de la tormenta. Desde que asumió el cargo más importante del Poder Legislativo, se ha develado toda clase de irregularidades, contradicciones e investigaciones que lo vinculan con presuntos delitos.
Aunque la contratación de la hermana de la madre de su hijo y las más de 50 investigaciones abiertas, de acuerdo al portal El Foco, son parte de las críticas; uno de los temas que más se le cuestiona es la falta de inhibición al apoyar una ley que lo favorecía directamente. Sin embargo, no fue la única vez que incurrió en presunto conflicto de interés.
Si bien en campaña aseguró que fiscalizaría la polémica ampliación por cinco años más del permiso de operación a PeruRail, el parlamentario solicitó información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante su gestión como presidente de la Comisión de Transporte, pese a que fue asesor legal y prestó servicios de publicidad por nueve años a la compañía. Incluso, también brindó los mismos servicios a Perú Belmond Hotels S.A. y Consettur Machupicchu S.A.C. hasta un mes antes de jurar como congresista.
Declaración jurada del presidente del Congreso, Alejandro Soto. | Alonso Ramos / Twitter
Aunque el parlamentario tenía la opción de inhibirse del tema o renunciar a su cargo de titular, pues fue parte de la empresa en mención y presidente del grupo de trabajo que fiscalizaría el tema, no tomó ninguna de las dos opciones y optó por participar y gestionar debates sobre el tema.
El 10 de noviembre del 2021 recibió al entonces ministro Juan Silva para que comente las “acciones que viene adoptando su despacho en relación al procedimiento empleado para la renovación de los permisos otorgados a la empresa Perú Rail en el departamento de Cusco, que fue otorgado el pasado 27 de julio de 2021, durante el último día de gestión del expresidente Francisco Sagasti”, tal como consta en la agenda de la octava sesión perteneciente a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022.
“A pedido mío, a pedido personal de Alejandro Soto, el señor ministro ha concurrido a esta sala para informar de la conformación de una comisión investigadora de alto nivel con relación al permiso de operaciones de PeruRail”, menciona él mismo en un video publicado en Facebook.
Incluso, en sus redes sociales, reconoce que gestionó una reunión entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el presidente del Consejo Regional del GORE Cusco, Néstor Velasco Castilla, para “exigir resultados en las acciones frente a la presunta irregularidad en la renovación de permiso de operaciones de PeruRail”.
Publicación donde confirma la gestión de una reunión relacionada a las presuntas irregularidades en la ampliación del permiso de operaciones a Peru Rail, empresa que asesoró por casi una década. | Alejandro Soto / Facebook
Ley de prescripción
El tema con el otro caso de conflicto de interés se refiere a la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Dicha iniciativa impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses a raíz de la denuncia interpuesta por el presunto delito de estafa.
Pese a que en constantes entrevistas niega que dicha ley lo beneficie, porque asegura que su caso “ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, el programa Cuarto Poder emitió un video en el que su abogado invoca la norma mencionada con el fin de absolverlo.
“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mí patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló entonces la defensa legal de Soto.
Incluso, el artilugio legal quedó plasmado por escrito. El 14 de julio, una semana antes de que se instale el juicio oral en su contra, su defensa remitió un escrito al juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, en el que menciona la norma.
* Tomado de Infobae
