Pruebas irrefutables. Un medio de comunicación publicó las fotografías de los depósitos que recibió Soto Reyes, los cuales llevan su nombre, firma y huella digital.
El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se ha visto envuelto en un caso de presunta estafa por la venta de un inmueble a US$265.000 que meses antes él mismo lo había adquirido a US$5.000. Soto Reyes se habría aprovechado de su cargo de asesor legal de la empresa Transportes Wayna Picchu para convencer al directorio de realizar dicha compra en el 2012.
Transportes Wayna Picchu afirma que el consejo directivo que autorizó la compra del terreno a la comunidad campesina desconocía hasta aquel día la verdadera identidad del vendedor (Alejandro Soto) a quien se le giró en dos cheques el monto de la compra: US$200.000 el 26 de noviembre y US$ 65.000 el 24 de diciembre. Dicha información fue descubierta gracias a una auditoria.
Al respecto, La República publicó la fotografía de los cheques que comprobarían la transferencia realizada a las cuentas de Alejandro Soto, los cuales prueban que él mismo los recibió, tal como acreditan sus firmas y huellas digitales. Estos documentos fueron entregados por la empresa Transportes Wayna Picchu al juez Carlos Román Gil a fin de obtener el pago por reparación civil por daños y perjuicios contra el vendedor.
Primer cheque por US$200.000 del 26 de noviembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
Segundo cheque por US$ 65.000 del 24 de diciembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
¿Qué hizo Alejandro Soto con el dinero que recibió?
Se presume que el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso compró un lujoso inmueble valorizado en US$252.000 en el distrito cuzqueño de San Jerónimo, en el 2015. El dinero depositado para esta compra habría sido producto de la venta fraudulenta que realizó a Transportes Wayna Picchu debido a que en la partida registral a la que accedió La República, no se consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca.
¿Qué acciones ha tomado Alejandro Soto en este caso?
En su argumento de autodefensa, Alejandro Soto ha comunicado que la compañía no le presentó la reclamación por la adquisición del terreno hasta pasados 5 años, y efectivamente esto ocurrió, ya que fue en el año 2017 cuando Transportes Wayna Picchu identificó la mentira que el congresista realizó en colaboración con otros miembros de la organización.
La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos presentados por la empresa agraviada y solicitó una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión para Alejandro Soto, por el presunto delito de estafa y falsedad genérica. No obstante, el exasesor ideó unas tácticas junto a sus abogados para evitar la cárcel, lo cual parecía inminente en aquel entonces.
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Soto Reyes logró extender la fecha de la sentencia del juicio hasta el 21 de julio, mientras, trabajaba en el Congreso para introducir en la agenda del Pleno el debate sobre la aprobación de una ley de prescripción que podría eximirlo de una condena de prisión. Con su voto a favor en el Hemiciclo, se promulgó la Ley N°31751. El 14 de julio, Soto solicitó acogerse a esta ley para archivar la acusación en su contra.
El juez Carlos Román aceptó la petición de Soto el 21 de julio y emitió la resolución de archivo el 24 de julio, tan solo 48 horas antes de que Soto fuera elegido presidente del Congreso. A pesar del archivo, Soto todavía estaba obligado a pagar una reparación civil. El juez Román indicó que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, tenía derecho a solicitar esta compensación.
Aunque la prescripción evitó que Soto enfrentara una condena penal, no eliminó el delito de estafa. Como consecuencia, Transportes Wayna Picchu presentó al juez pruebas de cheques que demostraban la estafa perpetrada por Soto, quien ahora ocupa el cargo de presidente del Congreso.
¿Cuánto dinero debe pagar Alejandro Soto por delito de estafa?
Ahora, la atención de la compañía Transportes Wayna Picchu está dirigida hacia el cumplimiento del pago de una reparación civil por daños y perjuicios. En ese sentido, la empresa denunciante pretende que el congresista de Alianza para el Progreso desembolse a su favor S/324.000.
* Tomado de Infobae
