Comisión Permanente del Parlamento aprobó informe en contra de exmandatario y dos exministros
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional planteada contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Esta tuvo como base una denuncia planteada por la Fiscalía de la Nación. La votación final arrojó 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
De igual manera, con 28 votos a favor y uno en contra en cada caso, la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a Geiner Alvarado y Juan Silva, exministros del gobierno de Castillo.
En cumplimiento de la normatividad vigente para estos casos, la votación se hizo por separado respecto a cada persona denunciada.
Cumplido este trámite, el informe acusatorio que incluye a los tres personajes mencionados pasará a ser sustentado ante el pleno del Congreso, para su votación final.
Los casos materia de esta acusación son los referidos a la licitación irregular y posteriormente anulada del Puente Tarata; y negociados en Petroperú y en el Ministerio de Vivienda.
Castillo ausente
En la sesión de la Comisión Permanente no se hicieron presentes ni Castillo ni su abogado. El titular del Congreso, José Williams, dijo que una delegación del Parlamento fue hasta el penal de Barbadillo, donde se encuentra el exmandatario, para facilitar su participación en la sesión, pero este se negó a ello.
Por otro lado, se rechazó la participación de Jorge Castro, identificado como abogado de Silva, debido a que no se contaba con un registro oficial previo sobre dicha representación.
Encargado de sustentar el informe acusatorio fue el congresista Diego Bazán (Avanza País), quien recalcó que Castillo habría encabezado una organización criminal desde la Presidencia de la República. La misma estaba compuesta por un “gabinete en la sombra” y ramas congresal, familiar, lobista, obstruccionista, de coordinación y ministerial.
Esta tenía como objetivo “copar y captar las instituciones públicas con personas de su entorno con la finalidad de obtener poder económico y político», dijo.
«El líder, en todos los casos, habría sido Castillo, quien habría planificado, dirigido y controlado las actividades de la organización valiéndose de su poder en el cargo de presidente», indicó Bazán.
La sustentación del informe acusatorio aprobado hoy ante el pleno del Congreso correrá a cargo del mencionado parlamentario y de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP).
