Este martes, el abogado Joseph Campos, quien defiende a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, expresó desconocer el paradero de su cliente y justificó la posibilidad de una fuga mientras el Poder Judicial decide si impone 36 meses de prisión preventiva en su contra por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias denominada ‘Waykis en la Sombra’.
Durante una entrevista con RPP, Campos destacó que “nadie podría recomendarle a su defendido que se someta a una medida dictada por un juez que ha sido cuestionado por su parcialidad”. La defensa había solicitado anteriormente un recurso de habeas corpus para apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso, debido a presuntas manifestaciones adelantadas sobre la culpabilidad de Boluarte. Campos argumentó que las decisiones del magistrado atentan contra la libertad personal de su cliente y pidió que el procedimiento fuera suspendido hasta que otro juez tome el caso.
El abogado subrayó que la confianza en el sistema judicial es fundamental para la democracia y, aunque no cuestionó la honestidad de Concepción Carhuancho, lo acusó de tener una “tradición de decisiones carcelarias” en su carrera. Según el defensor, en algunos países como Alemania, se considera un acto natural intentar escapar cuando se está en peligro de perder la libertad.
Campos también aclaró que no ha tenido contacto reciente con Boluarte y añadió que, en su lugar, no permitiría que se convierta en un “espectáculo mediático” ante un juez que ya ha mostrado prejuicios. Según él, Boluarte cumplió con todas las diligencias hasta que el juez presentó en una actividad del Instituto Udeápolis diapositivas donde lo vinculó a un supuesto organigrama criminal.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva no solo para Boluarte, sino también para otros involucrados en la presunta red de tráfico de influencias. El juez Concepción Carhuancho ha señalado que existen indicios suficientes para evaluar la prisión preventiva, basándose en la gravedad de los cargos, la posible pena y el peligro procesal que representan los imputados.
