La defensa de la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati, implicada en el juicio por lavado de activos junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que requerirá una reparación civil. Consideran que el proceso, iniciado hace siete años, ha perjudicado su imagen y prestigio, además de generar un “daño emocional y deterioro físico”.
El abogado de la extesorera de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) anunció ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado: “Solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar ocasionado por una investigación ilógica y un juicio erróneo en el ‘caso Cócteles’”.
“El proceso penal ha construido una imputación totalmente ilógica y cerrada ante las evidencias objetivas de la imposibilidad legal y material de haber cometido un ilícito penal. Esperamos que, al ser declarada inocente, podamos estudiar los mecanismos legales de resarcimiento por este atropello y error judicial evidente”, se leía en una lámina expuesta ante el tribunal.
Gutiérrez Rosati, especialista en biología y catedrática de la Universidad Agraria La Molina, enfrenta un pedido de 22 años y diez meses de cárcel. En 2009, se afilió a Fuerza 2011 y organizó el área de tesorería del partido. Su defensa argumenta que, en ese puesto, implementó un software para el control de ingresos y gastos y abrió dos cuentas bancarias del partido con fondos declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La Fiscalía imputa a la científica como “cómplice primaria” del delito de lavado de activos por participar en la conversión de fondos, suscribir información de ingresos y gastos para la rendición de 2011, y realizar depósitos por $314,508 y S/57,000 en nombre del partido Fuerza 2011. También la acusa de ser “autora material” de la contratación de servicios de publicidad por 56,608 soles.
Sin embargo, su abogado destacó que Gutiérrez Rosati solicitó licencia en el partido en septiembre de 2010 y renunció en diciembre del mismo año, registrada en la ONPE. La defensa sostiene que su clienta ya no pertenecía a Fuerza 2011 cuando ocurrió la captación de fondos ilícitos según la acusación.
“Este proceso penal ha construido una imputación ilógica ante las evidencias de la imposibilidad de haber cometido un ilícito penal. No aceptamos los cargos ni la reparación civil, que no repara en el ámbito de su actuación en la campaña 2011 y su periodo como tesorera oficializada en febrero de 2011”, alegó.
El abogado no precisó si la demanda será dirigida contra el Estado, el fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, o algún juez del Poder Judicial. Según La República, esta es la primera defensa que deja abierta la posibilidad de una demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.
El ‘caso Cócteles’ cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos atribuido a la constructora Odebrecht, que hizo aportes ilegales en las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, quien enfrenta un pedido de 30 años de cárcel, acusada de ser la cabecilla de una organización criminal dentro de su partido. En marzo de 2021, tras más de dos años de investigación, la Fiscalía presentó cargos por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Esta acusación incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC, que eventualmente serán disueltas y liquidadas en caso de obtener una sentencia condenatoria.
