El fondo canadiense Brookfield ha demandado al Estado peruano ante el CIADI en base a argumentos lesivos al orden constitucional de nuestro país y a nuestro marco jurídico. El primero es realmente una ofensa a todos los peruanos y a la autonomía de la máxima autoridad de administración de justicia en nuestro país, como es el Tribunal Constitucional del Perú (TC).
El TC ha suspendido el cobro de peajes en Lima Norte debido a las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidos por Odebrecht y Brookfield en contra de la población más vulnerable de nuestra capital. Más aun, reconociendo en su sentencia que la confesa corrupta Susana Villarán no cuenta con sentencia consentida debido al esquema de encubrimiento y dilación vigente en el sistema judicial peruano.
Sorprende que exista “periodismo” que no reaccione ante el desacato al TC de una empresa extranjera, socia de la corrupta organización criminal Odebrecht. Por dignidad mínima, los peruanos debemos de rechazar esta injerencia y falta de respeto extranjera en nuestro país. La decisión del TC se originó por pedido de protección de derechos humanos de la población de Lima Norte, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, a su favor.
A los voceros de Brookfield y Odebrecht en el Perú no les interesa la situación de vulnerabilidad, dolor y desgracia de nuestros hermanos residentes en Lima Norte, Este y Sur, donde diariamente se violan sus derechos humanos a la vida, a la salud, al libre tránsito, a la educación, entre otros. Los voceros de Odebrecht solamente cuidan los intereses de estas organizaciones criminales corruptas y de sus cómplices. Por algo será. Al igual que en Lima Norte, ya existen acciones legales constitucionales en protección a los derechos humanos de la población vulnerables de Lima Sur y Lima Este, que reclaman los mismos derechos recogidos en la sentencia del TC en favor de la población de Lima Norte.
El Estado peruano tiene toda la argumentación necesaria para ganar la demanda de Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht. El Estado peruano se presentará a este proceso con sentencias constitucionales relativas a la protección de derechos humanos de las zonas más vulnerables de Lima. Los voceros de Odebrecht se preocupan del bienestar de Odebrecht y su participación accionaria en Rutas de Lima, lo cual es más que sospechoso. Estas acciones están embargadas, como reparación por sus delitos, a favor del Estado peruano.
La MML no será cómplice de una organización criminal que deberá ceder las mencionadas acciones como reparación por todo el daño ocasionado a nuestra población, previo al pago de dinero corrupto a la alcaldesa Villarán, sus funcionarios, regidores, periodistas, ex miembros del TC, entre otros peruanos que han traicionado al país, vendiendo sus principios y valores en defensa de la corrupción, con el falaz argumento de defensa de la “estabilidad jurídica” para organizaciones criminales. Basta ya de impunidad para los voceros de la corrupción (Odebrecht) en nuestro país.
*Alcalde de Lima
