La minería ilegal en el Perú no es solo un problema de deforestación, contaminación, y explotación humana; también es un fenómeno que ha logrado infiltrarse en las más altas esferas del poder político.
En los últimos años, se ha señalado la posible vinculación de algunos congresistas y funcionarios públicos con redes de minería ilegal, lo que evidencia cómo esta actividad ilícita ha logrado penetrar los diversos poderes del Estado; esta situación no solo obstaculiza los esfuerzos por combatir la minería ilegal, sino que también pone en riesgo la institucionalidad y la democracia en el país.
El Congreso de la República, como máximo órgano legislativo, no ha estado exento de señalamientos en relación con la minería ilegal, varios medios de comunicación han revelado la existencia de presuntos nexos entre algunos congresistas y actores vinculados a la minería ilegal.
Desde el congreso se han promovido leyes que favorecen a los mineros ilegales, disfrazando estas iniciativas bajo el manto de «formalización» o «apoyo al pequeño minero», sin embargo, detrás de estas propuestas, muchas veces se esconden intereses particulares y beneficios directos para quienes operan al margen de la ley.
La minería ilegal ha logrado infiltrarse no solo en el Poder Legislativo, sino también en otros poderes del Estado y en diversas instituciones públicas:
- Poder Ejecutivo: A nivel regional y local, muchos gobiernos han sido señalados por su connivencia con la minería ilegal, gobernadores, alcaldes, y funcionarios han sido acusados de otorgar permisos y concesiones irregulares, facilitando la operación de mineros ilegales a cambio de sobornos o beneficios personales.
- En algunos casos, se ha denunciado la existencia de redes de corrupción que protegen estas actividades ilegales a través de instituciones clave como la policía y la fiscalía.
- Poder Judicial: El sistema judicial también ha sido cuestionado por su rol en la lucha contra la minería ilegal; en algunos casos, fiscales y jueces han sido acusados de ser cómplices de mafias mineras, ya sea demorando procesos, desestimando casos, o dejando en libertad a individuos implicados en delitos graves.
- Esta impunidad alimenta la sensación de que la minería ilegal no solo es tolerada, sino, en muchos casos, protegida por el mismo sistema de justicia que debería combatirla.
- Fuerzas del Orden y Organismos Reguladores: La corrupción también se ha infiltrado en organismos reguladores como el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como en las fuerzas del orden encargadas de ejecutar operativos contra la minería ilegal.
- La ineficacia y, en algunos casos, la complicidad de estas entidades han permitido que la minería ilegal siga operando sin mayores consecuencias.
La corrupción vinculada a la minería ilegal tiene un precio altísimo para nuestro paìs, no solo se pierden millones de soles en impuestos que podrían financiar servicios públicos esenciales, sino que también se debilitan los esfuerzos por proteger el medio ambiente y los derechos humanos.
La percepción de que las autoridades están implicadas o que «miran a otro lado» crea un ambiente de desconfianza y desencanto entre la ciudadanía, debilitando la democracia y el estado de derecho.
Para combatir la infiltración de la minería ilegal en los poderes del Estado se requiere de acciones firmes y decisivas:
- Transparencia y Rendición de Cuentas: Es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno; la creación de mecanismos independientes que fiscalicen y supervisen la actuación de los congresistas, jueces, fiscales, y otros funcionarios es clave para evitar conflictos de interés y la corrupción.
- Reforma Institucional: Es necesario llevar a cabo una profunda reforma institucional que garantice la independencia del Poder Judicial y fortalezca los organismos reguladores.
- Estas reformas deben ser acompañadas de políticas de protección para aquellos que denuncian corrupción y actividades ilegales.
- Participación Ciudadana y Vigilancia: La sociedad civil tiene un rol fundamental en la lucha contra la minería ilegal y la corrupción. A través de la vigilancia ciudadana, el periodismo de investigación y las organizaciones de base, se puede presionar a las autoridades para que actúen con mayor responsabilidad y transparencia.
La infiltración de la minería ilegal en los poderes del Estado no es solo una cuestión de corrupción; es un desafío a la soberanía y al futuro del Perú.
Si no actuamos con firmeza, corremos el riesgo de que nuestro país continúe siendo secuestrado por intereses ilegales que destruyen nuestro patrimonio natural, social y democrático. Es hora de exigir un compromiso real y acciones concretas a este gobierno para erradicar la minería ilegal y proteger los intereses de todos los peruanos.
