Por Aaron Salomón para el Diario Expreso.
La mayoría del Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial, luego de los sendos y reprochables fallos que permitieron a Inés Tello y Aldo Vásquez regresar como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a que ambos fueron inhabilitados por 10 años para ejercer la función pública por el Parlamento.
Tello y Vásquez adujeron que se violó el debido proceso en sus casos, cuando, en realidad, la denuncia constitucional en contra de estos dos miembros de la JNJ por permitir la permanencia de Inés Tello —¡quien supera los 75 años, a pesar de que la Carta Magna lo prohíbe!— siguió diferentes instancias parlamentarias, pudiendo ellos, en todas, ejercer su derecho a la defensa, incluso en el Pleno, instancia en la que finalmente fueron duramente sancionados.
No obstante, la Primera Sala Constitucional de Lima revirtió la decisión del Congreso y, después de admitir una medida cautelar, devolvió a Vásquez y Tello a la JNJ.
Por ello, se esperaba que el TC pusiera coto a los abusivos fallos judiciales que vulneran las facultades exclusivas y excluyentes del Parlamento, pero los magistrados Luz Pacheco (presidenta del TC), Helder Domínguez (vicepresidente del TC), Manuel Monteagudo y César Ochoa rechazaron la demanda, con lo que el PJ puede seguir entrometiéndose en las decisiones políticas del Congreso. ¿Acaso estos magistrados no saben que existen los asuntos no justiciables (“political questions”)?
En tanto, los magistrados Pedro Hernández (ponente del documento que recomendaba fallar a favor del Parlamento), Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Ticse optaron por no participar de la votación por falta de consenso. Gutiérrez Ticse, inclusive, ha denunciado que se habría violado la Constitución, al haber sus colegas realizado la votación solo con 4 magistrados, puesto que el quórum mínimo es de 5.
Llama poderosamente la atención, además, que antes Pacheco, Domínguez y Ochoa avalaron la sentencia que, en el caso de la elección del defensor del Pueblo, resolvió que el PJ no podía intervenir en las competencias del Congreso. Este fallo, sin embargo, no evitó que cesen los abusos judiciales, de modo que apremiaba que el TC zanje el tema.
Pero ahora nos hallamos en una situación tremendamente confusa y con un nefasto precedente, pues nada evita que un ministro censurado o un presidente vacado por el Congreso pueda presentar alguna acción de amparo ante el Poder Judicial, alegando una violación al debido proceso, y tranquilamente lo veríamos regresar al cargo si consigue una sentencia a su favor, algo que no es tan complicado en un sistema judicial con tantas máculas.
Tiene razón Carla García en lo referente al paro de los Transportistas, él hecho qué hayan infiltrados otras agrupaciones no le quita mérito al Paro y sinó hay qué ver qué la Presidenta y su consejo de Ministros son tan incompetentes cómo ella y lo curioso de todo ello es qué la frívola Presidenta Dina Boluarte no tiene sangre en la cara porqué expresa qué nadie tiene porqué contradecirla porqué ella es la Porqué ella es la Presidenta de la República, lo qué sucede es qué ella es la qué tiene que ver por la vida de los ciudadanos y no preocuparse en su figura y belleza pero cómo no atina a nada es qué habla barbaridades y todavía en mensaje a todos los Peruanos ya veremos cómo termina Dina Boluarte en su mandato Presidencial