Juan José Santiváñez es, hoy por hoy, el ministro más polémico del Gabinete. No solo por las 12 carpetas fiscales que lo persiguen desde su paso por el Ministerio del Interior, sino porque a los pocos días de jurar como Ministro de Justicia ya se vio envuelto en una nueva investigación.
La Fiscalía lo señala como presunto líder de una organización criminal en el marco del llamado “Caso Ícaro”. Y, contra todo pronóstico, Santiváñez ha decidido no atrincherarse ni callar, sino presentarse como lo que él mismo quiere encarnar: un reformista.
¿Reformista de qué? De un sistema de justicia que arrastra décadas de descrédito. Sus primeras banderas son tan disruptivas como incendiarias. Habla sin temblar de renunciar el Pacto de San José, ese tratado que nos mantiene bajo la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es habilitar la pena de muerte para delitos atroces como la violación de menores y el sicariato. Un gesto que le ha valido la etiqueta de populista y autoritario. Pero también lo ha convertido en la pesadilla de los caviares, quienes lo odian precisamente porque se atreve a poner sobre la mesa lo que consideran un tabú intocable: romper con el sistema interamericano.
La otra gran bandera es la reapertura del penal “El Frontón”, esa isla-prisión de dramática memoria nacional. Santiváñez la plantea como parte de la solución al hacinamiento carcelario y como símbolo de autoridad frente al crimen. Los expertos del INPE le han dicho que costaría hasta cinco mil millones de soles y que es un proyecto inviable. Pero el ministro insiste, convencido de que el gesto político vale más que la hoja de Excel. Otra vez, los caviares ponen el grito en el cielo: para ellos, tocar “El Frontón” es tocar un altar sagrado de su narrativa histórica.
En paralelo, el Ministro promete agilizar la reforma judicial y dar al Estado una posición más firme ante la CIDH. Habla de cambios y un reordenamiento institucional que involucra al Poder Judicial y al Ministerio Público. Palabras mayores para alguien que, ironía de la política peruana, está siendo investigado justamente por el Ministerio Público. La paradoja es brutal: el hombre que quiere reformar la justicia es al mismo tiempo procesado por ella.
¿Es Santiváañez un cruzado que lucha contra los privilegios de las élites progresistas o un operador que busca blindarse en el poder? Esa pregunta divide a los analistas. Lo cierto es que, con su estilo frontal y su agenda de choque, ha conseguido lo que pocos ministros logran en sus primeros días: ser el centro de la conversación nacional. El costo es alto: cada palabra que pronuncia multiplica sus enemigos, dentro y fuera del gabinete.
Pero Santiváñez parece disfrutar del fuego cruzado. Sabe que su figura polariza. Sabe que, en tiempos de inseguridad y hartazgo, muchos ciudadanos prefieren un ministro que prometa mano dura antes de que otro que recite tratados internacionales. Juega en esa cuerda floja: entre la audacia reformista y la sombra de sus investigaciones.
Al final, la historia lo juzgará. Si consigue avanzar, aunque sea una parte de su agenda, quedará inscrito como el Ministro que se atrevió a desafiar a los caviares y al statu quo. Si fracasa, será recordado como otro político con verbo encendido y pies de barro.
Por ahora, lo que queda claro es que Santiváñez es el reformista que divide al Perú: amado por quienes claman autoridad, odiado por quienes defienden la ortodoxia de los derechos humanos.
