La triste historia de Petroperú inició el 9 de octubre del año 1968, cuando el gobierno izquierdista de Velasco Alvarado, ordenó la ilegal toma de las instalaciones de la International Petroleum Company, IPC, en la refinería de Talara. Este hecho, muy popular entre los velasquistas, fue el inicio del fin de la industria petrolera en nuestro país.
Al año siguiente, la empresa Petróleos del Perú (Petroperú) fue creada por ley el 24 de julio de 1969, con los activos expropiados de la IPC y de la Standard Oil.
Durante los siguientes años, Petroperú se convirtió en un elefante blanco, mal administrado por los sucesivos gobiernos y que sirvió de caja chica para los mismos. Hasta el día de hoy, una parte importante de los ingresos del estado provienen de los impuestos que pagamos todos al momento de comprar un combustible.
Para darles un ejemplo, podemos mencionar la estructura del precio de la gasolina regular. El galón tiene un costo promedio de 10 soles puesto en planta. A ello le sumamos un 40% de impuestos que cobra el estado por cada galón de gasolina que se vende, lo que significa que Repsol o Petroperú venden la gasolina a 14 soles en planta. La diferencia entre el precio en planta y lo que pagamos nosotros, cubre el costo logístico y el margen de comercialización. En resumidas cuentas, por cada galón de gasolina que se consume, el estado recauda entre 4 y 6 soles.
En los años 90 se vendieron parte de los activos de Petroperú, pero lamentablemente Fujimori nunca tomó la decisión de privatizar la empresa, lo que nos costaría muy caro tiempo después.
En el gobierno del izquierdista Ollanta Humala, se tomó la decisión de modernizar la refinería de Talara para que cumpliera con la nueva normativa ambiental que indicaba que el contenido de azufre del diesel tenía que ser menor a 50 PPM (partes por millón). Esta nueva norma aplicaba por igual a las dos grandes refinerías que tenemos en el Perú, La Pampilla, propiedad de Repsol y Talara, propiedad de Petroperú.
El proyecto de modernización de La Pampilla le costó a Respol un aproximado de 800 millones de dólares y le tomó 4 años.
La modernización de la refinería de Talara se calculó que costaría $ 1,400 millones de dólares según el estudio de factibilidad de Arthur D. Little. A la fecha, el monto ya superó los $ 6,000 millones y 8 años después la refinería todavía no opera al 100 % de su capacidad. Un mega-escándalo por donde se le mire.
Cabe preguntar quienes fueron los impulsores y defensores de este fracaso nacional. Uno de ellos fue Humberto Campodónico, quien fue presidente de Petroperú hasta en dos ocasiones. Otra de las personas, que por ley es la encargada de velar por el dinero de todos los peruanos, fue el ministro de economía del gobierno de Humala, Luis Miguel Castilla, quien lejos de vetar tamaño gasto, le dio el visto bueno en el ministerio. También tenemos que mencionar a su sucesor en el ministerio, Alonso Segura, quien hoy en día tiene el desparpajo de criticar el fracaso de dicho proyecto.
Desde esta columna preguntamos ¿Por qué no hay una comisión investigadora de la potencial corrupción en la obra pública más costosa de la historia del país?, ¿Se les podría ocurrir que no hubo corrupción en una obra que empezó con un presupuesto de $ 1,400 millones y terminó costando $ 6,000 millones?
A pesar que los hechos han demostrado, sin lugar a dudas, que es un error que el estado sea dueño de Petroperú, el actual gobierno la sigue financiando. Según la información financiera de la propia empresa, Petroperú está quebrada, es una empresa insolvente. A la fecha tiene una deuda de ocho mil millones de dólares.
El único camino es liquidar o privatizar Petroperú. Lejos de tomar estas medidas urgentes y necesarias, el gobierno le sigue inyectando fondos. La semana pasada el ejecutivo aprobó un paquete de rescate de 1,750 millones de dólares para salvar temporalmente de la quiebra a esta empresa. Imaginen el número de colegios, hospitales, postas médicas y carreteras que se podrían construir con esta astronómica cifra de dinero.
Recordemos la frase de Margaret Thatcher: “El socialismo fracasa cuando se les acaba del dinero de los demás”.
No puedo terminar sin dejar de recordarles que hace más de un mes, escribí un artículo sobre la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos. En su momento la compra de la CPT por parte de Telefónica de España auguraba una nueva era de las telecomunicaciones en el Perú. También les comenté, que en ese momento mi empresa no contaba con servicio de telefonía fija a pesar de haber reportado la avería hacía dos semanas. Han transcurrido 47 días desde que reportamos el problema y hasta el día de hoy Telefónica no se digna en reparar el servicio, a pesar de los múltiples requerimientos de nuestra parte. Me pregunto ¿Qué sanción recibirían en España si dejan a una empresa sin servicio de telefonía fija durante 47 días? En el Perú, lamentablemente, no reciben ninguna sanción.
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