La frustración de la ciudadanía con el gobierno de Dina Boluarte se intensifica en medio de un estado de emergencia que muestra pocos avances, con reportes diarios de crímenes violentos. En las últimas 24 horas, se han registrado seis homicidios en Ate, una de las zonas bajo esta medida.
Ante la escalada de violencia y el descontento generalizado, sectores sociales han convocado nuevas paralizaciones. Las manifestaciones ya no solo agrupan a transportistas; el 23 de octubre, la protesta sumó la participación de bodegueros, comerciantes, empresarios de Gamarra, estudiantes y trabajadores de construcción civil, quienes exigen acciones contundentes contra la delincuencia.
A esto se añade un creciente apoyo a la vacancia presidencial. Desde la Bancada Socialista, el congresista Jaime Quito ha instado a sus colegas de derecha a “dejar de blindar” al gobierno y considera “oportuno” avanzar con la medida. Roberto Sánchez ya ha iniciado la redacción del documento para recolectar las 26 firmas necesarias que permitan el debate en el Pleno. Cabe recordar que no solo la izquierda apoya la salida de Boluarte, sino también figuras de la derecha como Patricia Chirinos, quien asegura que la vacancia es “un clamor popular.”
Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, acusó a Boluarte de mantener una complicidad con Vladimir Cerrón, el líder prófugo de Perú Libre, y de mostrar una “incapacidad de gobernar” que ha desencadenado el rechazo de diversos sectores. Con un enérgico “¡Vacancia ya!” en sus redes, se sumó al pedido de cambio.
Sin embargo, la vacancia aún enfrenta obstáculos. En ocasiones anteriores, Dina Boluarte ha superado siete intentos de destitución con el apoyo de la bancada fujimorista y otros grupos de derecha, quienes frenaron las mociones. Desde Fuerza Popular, Patricia Juárez indicó que no hay un pedido formal en marcha y que la bancada está enfocada en el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y en tomar medidas contra la criminalidad.
La situación de crisis en seguridad y el malestar ciudadano han vuelto a abrir el debate sobre el futuro de la presidenta, en un contexto que promete nuevas tensiones en el Congreso y en las calles.
