Cual Chapulín Colorado, eso debe estar diciendo en estos momentos el presidente Vizcarra al haber anunciado a través de la Ministra de Justicia, Ana Neyra, que presentará una Demanda Competencial ante el Tribunal Constitucional, para que éste determine “cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente que pretende imputarse de manera equivocada e inconstitucional”.
Dejemos de lado por breves momentos el hecho si estamos o no de acuerdo con una vacancia presidencial a estas alturas del gobierno. Faltan siete meses para que se realice la elección de nuevas autoridades en abril del 2021 y diez meses para que deje el cargo el presidente Vizcarra. Además de eso, por si los congresistas no se han dado cuenta todavía, estamos en medio de una crisis sanitaria y económica, con cientos de muertos todos los días por el virus y una aguda recesión que en el mejor de los casos, dará una contracción del PBI de 12% para este año.
Lo que quiere poner en duda el gobierno, pero queda claro para los que hemos leído la Constitución, es que el congreso, citando el artículo 113 inciso 2 que dice: La presidencia de la república vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, está facultado a vacar al presidente por esta causal con los votos necesarios. Este artículo no dice que la vacancia tiene que ser aprobada por el Tribunal Constitucional, ni que nos tiene que gustar, simplemente dice que el Congreso dentro de sus facultades, tiene la de vacar al presidente por incapacidad moral o física permanente. Pero como en este país estamos acostumbrados a las “interpretaciones auténticas” de la Constitución, será interesante saber qué argumentos utiliza el gobierno para ignorar el poder que tiene el congreso en este tema, o más grave todavía, qué argucias utilizará el Tribunal Constitucional para darle la razón. En todo caso yo les preguntaría a los asesores del ejecutivo ¿por qué no presentaron una demanda de competencia cuando se presentó la moción de vacancia contra PPK hace unos años? ¿No era Vizcarra su vicepresidente y asesor? Hoy día queda más claro que nunca, que Vizcarra fue parte del plan para sacar a PPK de la presidencia.
Otra lectura que se hace del tema es que PPK representaba a la derecha sin poder en el Tribunal Constitucional mientras Vizcarra representa a la izquierda que tiene copado nuestro máximo tribunal. No recuerdo a ninguno, que el día de hoy defienden la “institucionalidad” y “estabilidad económica” haberlo hecho con PPK. ¿O será acaso que tienen intereses subalternos?
Durante los dos días de interpelación a la ministra de económica, María Antonieta Alva, parece que pasó desapercibido cuando ésta informó al Congreso el monto que gasta el gobierno en “asesorías”.
Uno de los principales cuestionamientos que se le hizo al gobierno de PPK fue el elevado gasto en consultorías y asesorías en el Poder Ejecutivo. Al asumir el presidente Vizcarra se prometió reducir el gasto en consultorías. A inicios del 2019, se destinaron S/ 1,200 millones en consultorías. Sin embargo a lo largo del año (2019) se elevó esa cifra hasta S/ 2,065 millones. En el caso del gobierno nacional el presupuesto para consultorías y asesorías para personas jurídicas se duplicó desde S/ 417 millones a S/ 841 millones durante 2019. Para personas naturales el monto subió en 35% hasta llegar a los S/ 612 millones (¿estarán aquí los S/ 175,000 que se le pagaron a Cisneros?). Pero lo más interesante es que el sector que muestra el mayor gasto es el de la Presidencia del Consejo de Ministros. No hay que ser científicos de física cuántica para adivinar qué sector se ha beneficiado con este millonario monto de asesorías. ¿A las ONG de izquierda me pregunto? Con razón apoyan a Vizcarra con tal convicción.
Recordarán queridos lectores, que cual oráculo de Delfos, en un artículo publicado en este medio, titulado “Zoológico Rojo”, proponía la autodisolución del congreso, la renuncia de Vizcarra y que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma la presidencia del país de manera interina, para garantizar la limpieza del proceso electoral de abril 2021 y luego entregar el mando al ciudadano que haya sido elegido como próximo presidente.
La realidad ha superado la fantasía; estamos a puertas de una vacancia presidencial, lo que traería un nuevo presidente (el Presidente del Congreso) y una mayor incertidumbre política y económica en los próximos meses.
Por más que estemos de acuerdo que el presidente Vizcarra ha cometido varios delitos, todos somos testigos a través de los audios difundidos; también debería haber consenso entre la clase política que no es bueno para el país un ambiente de incertidumbre permanente como el que vivimos desde hace meses. Puedo ser el primero que quiere que Vizcarra salga de la presidencia y sea juzgado por los múltiples delitos cometidos, pero sobre eso quiero a mi país y no puedo aceptar que el resto del mundo nos vea como una república bananera en donde no se puede invertir en nuevos proyectos. No olvidemos que la inversión extranjera directa representó un monto cercano a los $ 9,000 millones en el 2019 o el 3.5% del PBI. Ante tanto ruido político los potenciales inversionistas se irán a otros países en donde las reglas del juego sean claras y su capital esté más seguro.
Pero no demos por hecho que el Congreso vacará al presidente. Solamente 65 congresistas votaron a favor de admitir la moción de vacancia. Estamos seguros que en los próximos días correrán promesas y favores de parte del ejecutivo a los líderes y miembros de las diferentes bancadas para que no apoyen finalmente la vacancia.
Citando las palabras de Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal Alemana, “En política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno”.
