Por Aaron Salomón, columna publicada en el diario Expreso.
En ediciones anteriores de esta columna, he escrito en contra del nefasto acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Equipo Especial Lava Jato y la corrupta constructora brasileña Odebrecht. En dicho pacto, la trasnacional carioca solo acepta delitos en 4 proyectos (Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Vía de Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao) y se compromete a pagar la irrisoria suma de 610 millones de soles como reparación civil. Lo contradictorio es que la reparación civil impuesta en el caso de Alejandro Toledo supera los 3 mil millones de soles por una única obra, la Interoceánica.
Gracias al habeas data presentado por el comunicador Phillip Butters y su abogado, Wilber Medina, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la publicación del convenio de marras, el cual puede descargarse desde la cuenta de X de Medina. Revisando el documento a vuelo de pájaro, se advierte que este debió ser de conocimiento público cuando fue homologado por la jueza María Álvarez Camacho; es decir, en el año 2019.
Otro hecho que llama la atención es que quien firmó el pacto, en representación del Ministerio Público, fue José Domingo Pérez —y no Rafael Vela Barba—, además del entonces procurador ad hoc Jorge Ramírez y exfuncionarios de Odebrecht, como Jorge Barata y demás.
En su momento, la prensa adicta a la mermelada estatal que repartía Martín Vizcarra, encabezada por Gustavo Gorriti, aducía que no importaba que la constructora brasileña consiguiera impunidad y se terminara de levantar el país, porque la información que se iba a obtener supuestamente permitiría encarcelar a los políticos implicados en el caso Lava Jato.
Sin embargo, jamás se debió permitir la devolución de 524 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, ni que nos denunciara ante tribunales internacionales por el Gasoducto del Sur y Rutas de Lima. Esto último tuvo que estar meridianamente estipulado en el acuerdo de colaboración.
Los emblemáticos procesos judiciales pudieron cerrarse sin necesidad de darle tamaña impunidad a la constructora corrupta, pues bastaba con apretar a las empresas peruanas consorciadas para obtener detalles de las coimas entregadas a los altos funcionarios a cambio de obras públicas.
Y, si hablamos de los juicios, el que se está cayendo como castillo de naipes es el caso Cócteles, en donde se le imputa a Keiko Fujimori ser la supuesta cabecilla de una organización criminal que recibió dinero ilegal de la firma carioca y otras fuentes para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
No solo los aportes irregulares a campañas políticas recién se penalizaron en el año 2019 y no configuran delito de lavado de activos, sino que el fiscal Pérez ha cometido abusos en contra de varios procesados, como Arsenio Oré o José Chimpler (a quien le imputaron hechos que no estaban en la investigación preparatoria), los que el TC se encargó de corregir.
Además, como bien recordará el lector, el juez Víctor Zúñiga Urday le devolvió hasta 22 veces la acusación que presentó, de manera chapucera y desesperada, José Domingo Pérez para evitar que Keiko ganara en las elecciones del 2021. Con ese mamarracho de denuncia, es prácticamente imposible que el Poder Judicial condene a Keiko Fujimori y compañía, de modo que la pregunta que cae de madura es: ¿quién le devuelve a la lideresa de Fuerza Popular los 18 meses que estuvo en la cárcel?
