La reciente controversia sobre la presunta red de prostitución en el Congreso ha captado la atención de todos los medios y se ha convertido en un tema de discusión nacional, pero más allá de la indignación que este escándalo ha generado es necesario analizar las posibles agendas detrás de su difusión y el tratamiento mediático que ha recibido.
Para empezar no podemos ignorar que las evidencias sobre la existencia de esta red son hasta ahora limitadas; aunque la hipótesis podría ser posible, también cabe preguntarse si este tema no está siendo magnificado con un propósito estratégico.
Algunos sectores políticos, particularmente los asociados a la llamada izquierda «caviar», parecen estar utilizando este caso como una herramienta para desviar la atención de otros asuntos urgentes como el interminable escándalo de Odebrecht, que ha dejado de ocupar los titulares y, con ello la presión sobre sus principales implicados.
Por otro lado, el asesinato de una trabajadora del Congreso ha alimentado aún más la narrativa de la red de prostitución, pero hay un detalle que ha pasado casi desapercibido: el chofer que la acompañaba también fue asesinado, y recibió muchos más disparos que ella. ¿Por qué nadie habla de él? Una hipótesis que debería considerarse es que el verdadero objetivo del ataque era el chofer de nacionalidad venezolana y no la joven. ¿En qué asuntos podría haber estado involucrado? ¿Es posible que su muerte no esté relacionada con la supuesta red, sino con otros hechos desconocidos?
La utilización política de este crimen es innegable, mientras la opinión pública se enfoca en el morbo y la indignación por la presunta red, el ya desprestigiado Congreso sufre un golpe adicional a su imagen.
Los sectores que han promovido esta narrativa parecen haber encontrado una forma hábil de redirigir la atención de la población llevando el interés de la gente lejos de temas más complejos y más incómodos para ellos.
El Ministerio Público tiene que realizar una investigación objetiva y transparente que esclarezca los hechos sin prejuicios ni manipulaciones; el país merece saber la verdad, no solo para hacer justicia a las víctimas, sino también para desenmascarar a quienes usan el dolor y la indignación como herramientas de cálculo político.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿estamos ante un verdadero escándalo o ante otra maniobra para distraernos de los problemas de fondo?