Hace unos días la nueva embajadora de Estados Unidos en Perú fue invitada a RPP para una entrevista. En sus primeras declaraciones, la diplomática Stepahnie Syptak-Rammath afirmó que las ONG son cruciales para una democracia fuerte. Según informó, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que depende del gobierno federal norteamericano, tiene un presupuesto de más de 60 millones de dólares en el Perú. Ese presupuesto se utiliza, de acuerdo al portal de la embajada de los Estados Unidos para: “desarrollar una asociación estratégica que promueva los intereses compartidos de los Estados Unidos y el Perú. Estos esfuerzos están alineados con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, para promover la seguridad y el estado de derecho en las Américas y mantener un fuerte crecimiento económico y cultural.”
Pongámonos en el hipotético caso que estamos de acuerdo con este postulado y con la política internacional de los Estados Unidos. Desde esta columna preguntamos ¿Qué papel juegan RPP, La República, La Encerrona, Epicentro, Ojo Público, entre otros medios más en este esquema de cosas, para hacerse merecedores a recibir cientos de miles de dólares a través de IDEA Perú, otra ONG que dice no serlo?
Según información publicada en Expreso la semana pasada, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, a través de su director Percy Medina, le otorgó una “subvención” a estos medios por cientos de miles de dólares. Radio Programas del Perú, recibió 200,000 dólares, La República, 32,000 dólares, La Encerrona de Marco Sifuentes 104,603 dólares, Epicentro de la colombiana Clara Elvira Ospina 70,000 dólares y Ojo Público 53,350 dólares. Según el director de IDEA esta lluvia de dólares está perfectamente justificada, ya que ellos buscan crear “espacios plurales de encuentro y diálogo para encontrar puntos en común para enfrentar las distintas crisis: la política, la económica, la de valores democráticos.”
Por coincidencia, estos medios han sido lo más críticos en contra del proyecto de ley que se discute en el Congreso, mediante el cual se quiere transparentar el ingreso y uso de millones de dólares de la cooperación internacional que va directo a las ONG en nuestro país, sin ningún tipo de fiscalización. En resumidas cuentas, nadie sabe exactamente cuánto dinero entra y en qué se utilizan estos fondos.
¿Alguno de usted escuchó o leyó algún descargo por parte de estos medios, en los cuales informaban haber recibido miles de dólares de la cooperación internacional? ¿Qué pasó con el conflicto de intereses?
Desde esta columna preguntamos: ¿Qué derecho tienen otros países de interferir en la vida política de nuestro país? ¿Por qué los peruanos tenemos que bailar al ritmo de agendas extranjeras que no necesariamente son las que hemos escogido nosotros?
No negamos la importancia de la cooperación internacional, especialmente la ayuda humanitaria, para la promoción del desarrollo sostenible, en la lucha contra el tráfico de drogas, contra la deforestación, contra la trata de personas, etc; pero muchas ONG desarrollan activismo político siguiendo agendas internacionales “progres” que buscarían influenciar la política interna e incluso menoscabar la seguridad nacional.
En países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, existen leyes que exigen a las ONG a registrarse debidamente, sobre todo si reciben dinero de fondos extranjeros. Por ejemplo, en los Estados Unidos, existe la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Estas normas buscan transparentar el origen de los fondos que reciben del exterior, las actividades que realizan localmente y su influencia en políticos y sus decisiones.
Recordemos brevemente que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está siendo investigado por haber sido miembro de la junta directiva de una empresa ucraniana, Burisma, desde el año 2014 hasta el año 2019, recibiendo la suma de 50,000 dólares mensuales. Durante los años 2009 al 2017 su padre Joe Biden, quien era vicepresidente de Barack Obama, fue designado por este último, como encargado en su gestión para manejar los asuntos de Estados Unidos con Ucrania en un claro conflicto de interés.
En el plano local, es más fácil encontrar ejemplos de conflictos de interés. Según información difundida el fin de semana, IDL, la ONG de Gustavo Gorriti, ha firmado varios convenios para “capacitar jueces” en diversas regiones del país en temas de “enfoque de derechos humanos” y “transparencia”. Sin embargo, se olvidaron de transparentar que el IDL es parte litigante de diversos procesos en el Poder Judicial, donde alguno de estos jueces puede llevar su caso.
Debemos predicar con el ejemplo. Desde esta columna informamos que nunca hemos recibido un dólar de ninguna fuente interna o externa y que nuestras opiniones no están influenciadas por ninguna ONG o gobierno extranjero.
No a los mermeleros.
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