Columna publicada en el diario Expreso.
La caviarada intenta desviar la atención de la bomba nuclear que ha significado la publicación del nefasto acuerdo de impunidad de Odebrecht, en donde -hay que reiterarlo hasta el cansancio- se permitió que la corrupta constructora solo aceptara delitos en 4 proyectos y se comprometiera a pagar la irrisoria suma de 610 millones de soles por concepto de reparación civil, en cómodas cuotas de 15 años, a pesar de que la firma carioca ¡le pagó 2,600 millones de dólares a Estados Unidos por usar su sistema bancario para sus sucias operaciones!
En dicho pacto, además, no se prohibió que la transnacional brasileña nos demande ante tribunales internacionales, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Gasoducto del Sur, en el que la constructora, con tremendo desparpajo, exige que el Estado peruano la desagravie con 1,200 millones de dólares por quitarle la licitación, dado que no contaba con la espalda financiera para ejecutar la obra.
Este convenio no ha servido tampoco para condenar a ningún acusado del caso Lava Jato, pues Alejandro Toledo fue sentenciado a 15 años de cárcel gracias a la colaboración del fallecido Josef Maiman, quien contó con pelos y señales del soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht al exmandatario a cambio de la licitación de la carretera Interoceánica Sur.
Ante tremendo daño ocasionado a los intereses del país, los abogados Luis Pacheco Mandujano y Luis Francia han presentado una denuncia penal en contra de los responsables de la firma del acuerdo; es decir, Rafael Vela, Domingo Pérez, Jorge Ramírez y Silvana Carrión. Lo propio, según anunció en conversación con este diario, hará el abogado Wilber Medina, que, junto a su patrocinado Phillip Butters, consiguió que el convenio se haga público.
A la par, la bancada de Renovación Popular viene impulsando la creación de una comisión que indague las irregularidades en torno a la suscripción del documento que beneficia a la corrupta empresa carioca y sus exfuncionarios. Esta iniciativa debe ser aprobada con apremio, dado que resulta prácticamente imposible que el Ministerio Público investigue a sus fiscales Lava Jato.
Pese a lo descrito, la agenda mediática está centrada en una supuesta red de prostitución enquistada en el Congreso. Me pregunto: ¿una organización de esta naturaleza puede estar integrada solo por una persona: Jorge Torres Saravia? ¿Por qué el taxista venezolano José Daniel Vargas Briceño recibió la mayoría de disparos y falleció de forma instantánea, si Andrea Vidal era el objetivo de los sicarios para presuntamente acallarla? ¿En qué momento la Policía ha descartado que Vargas Briceño haya sido ultimado por un ajuste de cuentas y que Vidal, que resultó gravemente herida tras el ataque, fue una víctima colateral?
Aún queda mucha tela por cortar en este caso, pero ya el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, del partido de José Luna Gálvez, ha declarado, sin pruebas, que hay parlamentarios que votan de determinada forma a cambio de favores sexuales. Todo este fuego artificial apunta a que se trata de un nuevo intento caviar para tomar el Parlamento. ¿O acaso es casualidad que la roja antiminera Mirtha Vásquez haya salido a denunciar la existencia de un cuarto secreto (tan secreto que todos conocían) en el despacho de la Presidencia del Legislativo?
