Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, nos hemos olvidado de una serie de temas económicos, que en su mayoría, merecen nuestra atención y análisis.
En noviembre del 2019, el Ejecutivo publicó mediante el Decreto de Urgencia 013-2019 el control previo de operaciones de concentración empresarial a cargo de Indecopi. Debemos recordar que los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo equivalen a una ley. La pregunta que cae de madura es ¿estábamos frente a una necesidad urgente para que el Ejecutivo emita un Decreto de Urgencia? No olvidemos que mientras no teníamos congreso (había sido disuelto por Vizcarra), el Ejecutivo sólo podía legislar sobre lo estrictamente necesario para asegurar la continuidad del gobierno. Es claro que no se puede esperar a un nuevo congreso para resolver situaciones extremas o imprevisibles, pero ¿acaso la emisión de una nueva Ley de Fusiones y Adquisiciones tiene estas características?
Dentro del mismo Decreto de Urgencia se indicaba que la ley entraría en vigencia a los nueve meses desde su publicación. ¿No era Decreto de Urgencia? Más extraño aún resulta que en mayo de este año, se emitió un decreto legislativo que postergaba la entrada en vigencia de agosto del 2020 a marzo del 2021.
Me pregunto: ¿cuál fue el apuro del ejecutivo para emitir un Decreto de Urgencia y sacar adelante esta Ley de fusiones y Adquisiciones y luego retrasar su entrada en vigencia en casi un año? Una ley tan importante como ésta merece un análisis profundo y la participación de los gremios empresariales, para que el remedio no sea peor que la enfermedad. He leído a varios analistas que dicen que por este proceder del Ejecutivo la ley será declarada inconstitucional.
Creo en el libre mercado, en el equilibro de la oferta y la demanda, en que el Estado debe tener un rol regulador básico de la economía y que mientras menos intervenga en los agentes económicos es mejor. Pero no podemos negar que una ley como ésta es necesaria en todo país con reglas de juego limpias y claras. En Estados Unidos existe la Ley Sherman que data de 1890, en los países de la Unión Europea y en la mayoría de países de Latinoamérica existen leyes similares.
Somos uno de los pocos países en donde los monopolios no están prohibidos en la constitución, sino que se prohíbe y combate el abuso del mismo; pero no está claro las medidas para combatir dicho abuso. Cuando pensábamos en monopolio lo primero que se nos venía a la mente era Telefónica del Perú con su terrible servicio y precios altos, también podíamos pensar en Backus & Johnston con 98.3% del mercado cervecero y últimamente pensamos en monopolios con la compra de Mifarma, BTL, MIFASA y Boticas Arcángel por parte de Inkafarma, obteniendo así el 83% del mercado de las cadenas farmacéuticas (aunque solo el 18% del total de farmacias del país).
Pero así como la ley de control previo a las fusiones y adquisiciones intenta defender al consumidor de bienes y servicios en nuestro país ante una posición dominante de mercado que pueda subir precios, acabar con la competencia, acaparar productos etc; así también los quiero invitar a reflexionar sobre la aplicación de esta ley ante el “consumo de información”.
Dicen que en el siglo XXI, la información es un derecho fundamental de las personas y se producen conflictos por el dominio de los medios de comunicación; por ejemplo el domingo pasado venció el plazo que dio el presidente Trump para que ByteDance, empresa china dueña de TikTok, venda sus operaciones en Estados Unidos bajo amenaza de prohibir su utilización dentro del país. La orden alega que el Partido Comunista Chino podría adueñarse de grandes extensiones de información que guarda este aplicativo y que podría utilizar dicha información, para rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales del estado, crear expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo.
Somos consumidores de información permanente. Cuando vamos al trabajo por las mañanas seguramente escuchamos radio en nuestros autos o en el transporte público. Pero acaso nos hemos preguntado ¿quiénes son los que escogen la información que recibimos? Según información del MTC que pude encontrar, en Lima tenemos 28 emisoras de radio FM. De las 28 emisoras, 7 pertenecen al grupo RPP, 8 pertenecen al grupo CRP Radios y 3 pertenecen a Corporación Universal, lo que significa que los tres grupos económicos que más emisoras tienen, nos brindan el 65% de la información que consumimos por la radio.
Mientras esperamos tomar la combi que nos llevará a nuestro trabajo, leeremos los titulares de los diarios en el kiosko de la esquina. Seguramente encontraremos “El Comercio”, “Perú 21”, “Gestión”, “Trome”, “Correo”, “Aja”, “El Bocón”, “Depor”, “Ojo”, “La República” y “Expreso” y alguna que otra revista como “Hola”. ¿Nos hemos dado cuenta que el 78% de la información impresa que recibimos nos la brinda un solo grupo económico?, “El Comercio”, quienes son dueños de 9 de los 11 periódicos mencionados anteriormente y de la revista “Hola” dicho sea de paso.
Es por eso que se hace necesaria una ley de control previo a las fusiones y adquisiciones. Pero tiene que ser una ley bien diseñada y clara. Tiene que ser una ley que no se preste a interpretaciones caprichosas del funcionario de turno. Una ley sencilla para evitar la corrupción, pero con la suficiente contundencia para que los organismos reguladores puedan aplicarla. Tenemos que incentivar la inversión, el crecimiento de las empresas, la creación de riqueza y puestos de trabajo, pero que ello no sea a costa de abusos de posición de mercado en desmedro de los usuarios y consumidores. Ojalá que cuando se publique el reglamento de la nueva ley, sea lo suficientemente claro para evitar los potenciales problemas enumerados anteriormente.
