En el corazón de los debates sobre derechos territoriales y recursos naturales en nuestro país yace una cuestión fundamental: ¿quién tiene derecho a controlar y beneficiarse de las riquezas del subsuelo? En este contexto, las comunidades campesinas a menudo han sido marginadas, con poca o ninguna participación en las decisiones que afectan sus tierras ancestrales y sus vidas. Para abordar esta inequidad arraigada, se hace imperativo reformar la Constitución para otorgar a estas comunidades la propiedad legítima del subsuelo bajo sus territorios.
El artículo 954º del Código Civil señala que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho; sin embargo, la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales.
Las comunidades campesinas en Perú tienen una conexión profunda con sus tierras, que se remonta a generaciones; para estas comunidades, la tierra no es simplemente un recurso económico, sino un elemento central de su identidad, cultura y sustento. Reconocer su derecho a la propiedad del subsuelo es un paso esencial para respetar su herencia cultural y asegurar su autonomía.
Históricamente, la riqueza generada por la explotación minera en Perú no ha beneficiado a las comunidades locales además de haber sufrido los impactos negativos de la actividad minera sin una compensación adecuada por lo que conceder propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas les otorgaría una participación justa en los beneficios económicos de la explotación de recursos naturales en sus tierras, permitiéndoles invertir en desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus miembros. Establecer claramente los derechos de propiedad puede ayudar a prevenir conflictos sociales y promover una gestión más pacífica de los recursos naturales.
Para que este cambio sea efectivo y duradero, se requiere una reforma constitucional que reconozca explícitamente el derecho de las comunidades campesinas a la propiedad del subsuelo en sus territorios; esta reforma debe estar respaldada por un marco legal sólido que garantice la participación significativa de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales y establezca mecanismos efectivos para la fiscalización y la rendición de cuentas.
Otorgar propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas en Perú es un paso crucial hacia la justicia social, económica y ambiental. Es hora de reconocer y respetar los derechos territoriales de estas comunidades ancestrales, no solo como una cuestión de equidad, sino como un imperativo moral y legal en una sociedad democrática y pluralista. La reforma constitucional es el primer paso hacia la construcción de un país más justo, inclusivo y sostenible para todos sus ciudadanos.
