En medio del escrutinio público sobre la integridad de las instituciones judiciales en el Perú, recientes denuncias han puesto bajo la lupa la presunta influencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) en la fiscalía del país. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la falta de cobertura mediática sobre el tema ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la independencia de los medios de comunicación.
El periodista Beto Ortiz ha destacado el silencio ensordecedor que ha rodeado estas acusaciones por parte de la mayoría de los medios de comunicación peruanos. Mientras que sólo el diario Expreso ha informado sobre la denuncia, otros no han dedicado ni una línea a este asunto. Esta omisión levanta sospechas sobre posibles influencias externas que podrían estar afectando la cobertura periodística de un tema tan sensible para la democracia.
Las acusaciones apuntan directamente a Romina Mella, colaboradora del IDL, quien presuntamente habría actuado como intermediaria entre la fiscalía y autoridades extranjeras, incluso coordinando eventos e invitaciones en nombre de la institución. Esta revelación plantea serias interrogantes sobre el papel del IDL en el sistema judicial peruano, así como sobre la legitimidad de las acciones de Mella en representación de la fiscalía.
Es particularmente alarmante el hecho de que Mella habría asumido un rol que parecería reservado para funcionarios oficiales de la fiscalía, incluso invitando a fiscales brasileños a eventos de la fiscalía peruana como si fueran relacionistas públicos del fiscal Pablo Sánchez. Esta situación pone de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si se han cometido irregularidades y, de ser así, para tomar las medidas adecuadas.
Además, las acusaciones también implican al reconocido periodista Gustavo Gorriti, quien ha negado estar involucrado con los fiscales en cuestión. Sin embargo, su presencia en este escenario levanta interrogantes sobre la independencia de los medios de comunicación y su posible influencia en la agenda informativa.
En un país donde la credibilidad de las instituciones democráticas está en entredicho, la falta de transparencia en la cobertura mediática solo alimenta la desconfianza del público. La veneración o el temor hacia figuras como Gorriti, así como la supuesta «concentración» de medios, deben ser cuestionados y analizados con rigor para garantizar una democracia saludable y transparente.
Es imperativo que los medios de comunicación asuman su responsabilidad de informar de manera objetiva y transparente sobre estos temas delicados, y que las autoridades competentes investiguen de manera rigurosa cualquier presunta irregularidad en el funcionamiento de las instituciones judiciales. Solo así se podrá restablecer la confianza perdida y fortalecer el estado de derecho en el Perú.
