Columna publicada en el diario EXPRESO.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe renunciar al cargo o ser censurado por el Parlamento a causa de su fracasada gestión en la lucha contra la criminalidad. Con tremenda mochila llena de anticuchos, su presencia en el Gabinete Ministerial, a estas alturas, resulta totalmente insostenible.
La gota que derramó el vaso —y que hizo despertar a todas las bancadas en el Parlamento— ha sido el asesinato del cantante Paul Flores, de la orquesta Armonía 10, en San Juan de Lurigancho, luego de un ataque a balazos perpetrado por unos sicarios en contra del bus en el que se trasladaba el grupo musical.
Sumado a ello, hay centenares de colegios que son extorsionados y, por miedo, no les queda otra que cerrar sus locales o, en el mejor de los casos, enviar a los estudiantes a la virtualidad. Es inaceptable que los escolares sufran por la inseguridad que arrecia a diario en el país y que, según el Sinadef, ha provocado más de 400 asesinatos en lo que va del año.
Pero la apremiante salida de Santiváñez no va a solucionar, por arte de magia, el problema de la criminalidad, pues, para lograr resultados a corto plazo, apremia quebrar todas las políticas caviares que permitieron que avance la delincuencia con total impunidad.
Estas estrategias interesadas de los zurdos de cafetín ponderan los derechos humanos de los malhechores en menoscabo de los agentes del orden, que, en muchos casos, han terminado presos por abatir criminales y, en otros, pasados al retiro de manera ilegal.
Además, los caviares permitieron el ingreso indiscriminado de venezolanos ilegales, que ya suman más de un millón y medio en el país, de acuerdo con cifras oficiales, incluidos los integrantes de bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’ y sus satélites.
Que quede claro que un caviar jamás podrá acabar con la criminalidad, dado que son enemigos de las Fuerzas Armadas y la Policía y, por tanto, cómplices de los delincuentes, a los que creen que van a cambiar con sus talleres rosados, por los que cobran millonarias sumas para que se reinserten en la sociedad.
Hay que replicar los buenos ejemplos que hay en el mundo para derrotar a la criminalidad, y El Salvador de Nayib Bukele es uno de estos. Urge, entonces, salirnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH) para aplicar cadenas perpetuas —¿acaso también pena de muerte para ciertos delitos?— a los facinerosos en juicios sumarísimos en casos de flagrancia.
Se tendrían que construir, a su vez, varias megacárceles para encerrar a estos forajidos, que deberán trabajar para poder llevarse un pan a la boca, pues, de lo contrario, perecerán por inanición, con lo que tendríamos un problema menos.
Por lo pronto, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe decretar estado de excepción y, en ese contexto, entregarle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, y darle el necesario respaldo político y legal, en ese orden, para que los agentes puedan abatir delincuentes sin miedo a acabar entre las rejas. En paralelo, todos los extranjeros ilegales deben ser expulsados, sin miramientos, del Perú, cuyas fronteras terrestres tendrían que ser cerradas hasta que pongamos orden en casa.
A ver si algún caviar estaría a favor de lo que aquí se propone.
