Columna publicada en el diario Expreso.
El foro APEC, finalmente, fue un éxito, y el Perú recibió sin mayores contratiempos a los presidentes de las dos más grandes potencias del mundo: Xi Jinping, de China, y Joe Biden, de Estados Unidos, quienes, incluso, aprovecharon para reunirse en nuestro país.
En el contexto de esta importante cumbre, además, se inauguró el megapuerto de Chancay (¡el más grande de Sudamérica!), que generará 4,500 millones de dólares anuales y unos 8 mil empleos directos, según afirmó el propio mandatario chino. Pero, para sacarle el máximo provecho a esta megaobra, es urgente la creación de una Zona Económica Especial (ZEE), de tal forma que empresas transnacionales puedan instalar sus plantas aquí, lo que aumentará significativamente el empleo para los peruanos.
¿Se imaginan fábricas de ensamblaje de autos eléctricos en Chancay? Es un sueño que puede convertirse en realidad si allanamos el camino para que llegue la inversión privada. Y, dado que el Ejecutivo anda dubitativo en este tema, el Congreso tiene que aprobar la norma para la creación de la ZEE de una buena vez, la cual, de ninguna manera, será observada por la administración de la presidenta Dina Boluarte.
El éxito de la cumbre significó, a su vez, el fracaso de la marcha convocada por vizcarristas, antauristas y castillistas, que, al unísono, reclamaban “que se vayan todos”. El chasco de estos seudotransportistas se explica debido a que el reclamo legítimo por el incremento de la inseguridad ciudadana pasó a un segundo plano, para dar paso al intento de un golpe de Estado civil, como el que sufrió Manuel Merino tras la vacancia constitucional del lagarto Martín Vizcarra.
Los integrantes de esta Coordinadora Nacional de Lucha, que seguramente se convertirá en partido político más adelante e intentará que llegue un nuevo Pedro Castillo a la Presidencia, sostienen que nos encontramos en una “dictadura”, pero, de ser cierto lo que ellos esgrimen con tremenda ostra y entre lágrimas de cocodrilo, hace rato que el sátrapa de turno los habría encarcelado o hasta acribillado sin asco. En cambio, estos radicales tienen la posibilidad de expresar sus necedades en los medios de comunicación y de ejercer su derecho a la libertad de expresión en las calles.
Detrás de estos sujetos, sin temor a equivocarme, están los caviares que pretenden pescar a río revuelto y reemplazar a Boluarte por un Francisco Sagasti 2, porque, con su discurso woke y el tamaño doble rasero que se manejan, jamás podrán ganar en unas elecciones limpias. Hay, evidentemente, una mano negra caviar que mueve los hilos de los dirigentes que mienten de paporreta y piden la derogación de la ley sobre el crimen organizado, dado que, según aseguran sin pruebas, esta norma ha provocado que aumente el sicariato y la extorsión.
La ley, en realidad, lo que busca es definir lo que realmente es una organización criminal; es decir, un grupo delincuencial con estructura y roles específicos, compuesto por tres o más personas, que se dedica a la comisión de los delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros sancionados con pena de cárcel igual o mayor a cinco años como mínimo. Nada más que eso. Pero los caviares intentan que todo sea calificado como organización criminal, con el vil objetivo de suprimir a los partidos políticos que se encuentran a las antípodas de su nefasta ideología.
