Publicado en el diario Expreso.
La semana pasada, hemos sido testigos de dos fallos históricos que protegen a nuestra frágil democracia de aquellos elementos subversivos que pretenden quebrarla desde adentro.
El caso Perseo, finalmente, tuvo éxito, y el Poder Judicial determinó que Movadef es lo mismo que la agrupación terrorista Sendero Luminoso. A partir de esta conclusión, la justicia ordenó la disolución de dicho movimiento, que operaba como el brazo político de SL y buscaba influir en la vida política para continuar con su agenda criminal.
Además, se dictaron diversas penas de cárcel para la cúpula senderista y para los miembros fundadores del Movadef, como Alfredo Crespo, por ejemplo.
Pese a la chilla de periodistas zurdos, que anhelan que Sendero tenga una bancada en el Parlamento, el PJ proscribió —por ahora— al terrorismo de la escena política nacional.
Y es que, en el Perú, se venció —con inteligencia y fuerza— a los criminales terroristas y no entramos en un falso acuerdo de “paz”, como en Colombia, donde los subversivos tienen representación política, a tal punto de que el actual presidente, Gustavo Petro, es un (ex)guerrillero del M-19.
También la justicia nacional anuló la inscripción del partido del radical etnocacerista Antauro Humala por antidemocrático.
Apelando al artículo 14 de la Ley de los Partidos Políticos, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de la agrupación al concluir que, como era evidente, Antauro no es un militante más, sino el líder, por lo que su pensamiento criminal (fusilar a expresidentes) es letra escrita en piedra.
En una reciente entrevista, el condenado por el asesinato de policías en el ‘Andahuaylazo’ tuvo el cuajo de declarar que no estaba “resocializado” y de calificar de “prostituta” a la democracia.
Hay quienes, ilusamente (¿o convenientemente?), sostienen que a Antauro Humala hay que derrotarlo en la cancha, bajo las reglas de la democracia. Pero es de necios querer competir limpiamente con un antidemócrata que solo pretende llegar al poder para instalar una dictadura fascista.
Esta decisión judicial se consiguió gracias a que el legislador Alejandro Muñante presionó, durante varios meses, al fiscal Juan Villena, que pretendía lavarse las manos.
Muñante, a su vez, ha solicitado al Congreso priorizar la aprobación del proyecto de reforma constitucional que evitaría que los condenados por terrorismo, rebelión, homicidio, entre otros delitos, puedan ostentar algún cargo de elección popular.
Es urgente, pues, que la democracia se defienda poniendo todos los candados posibles para evitar que los sediciosos lleguen al poder. La democracia no puede darse el lujo de pecar de estúpida.
