La noticia de que el congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, utilizó la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, para redactar proyectos de ley, ha generado una ola de críticas y preocupación sobre el desempeño y la seriedad del Congreso peruano, esta situación pone en evidencia no solo la falta de rigor en la elaboración de propuestas legislativas, sino también el deterioro general de la calidad del trabajo parlamentario en el país.
Paul Gutiérrez recurrió a ChatGPT para elaborar dos proyectos de ley, uno de los cuales proponía extender el bachillerato automático hasta marzo de 2026, sin embargo, esta normativa contenía errores y contradecía sus propias propuestas anteriores.
La dependencia de una herramienta automatizada para una tarea que requiere profundo análisis y conocimiento legislativo ha sido vista como una señal alarmante de la falta de compromiso y preparación de algunos congresistas.
Un problema sistémico
Este incidente no es un caso aislado; el Congreso peruano ha sido objeto de crecientes críticas por la baja calidad de sus miembros y la falta de seriedad en su trabajo legislativo. Desde la elección de personajes con escasa preparación académica hasta la promoción de leyes sin un sustento técnico adecuado, el desempeño de muchos congresistas ha dejado mucho que desear, la utilización de ChatGPT por Gutiérrez es solo una manifestación más de un problema más profundo y sistémico.
La percepción pública del Congreso peruano está en un punto crítico, encuestas recientes muestran un alto nivel de desaprobación hacia los legisladores, quienes son vistos como poco efectivos y desconectados de las verdaderas necesidades del país.
Incidentes como el de Gutiérrez solo refuerzan esta percepción negativa y aumentan el escepticismo sobre la capacidad del Congreso para gobernar de manera efectiva.
Para recuperar la confianza pública y elevar el nivel del debate legislativo, es crucial implementar reformas estructurales en el Congreso. Esto podría incluir medidas como mejorar los requisitos de formación académica para los candidatos, establecer procesos más rigurosos de revisión de propuestas legislativas y fomentar una cultura de mayor responsabilidad y ética profesional entre los congresistas.
