En las últimas semanas, nuestro país ha sido escenario de eventos que han puesto en tela de juicio la eficacia de las medidas gubernamentales para combatir la violencia y la criminalidad, especialmente en el distrito de Independencia de Lima.
A pesar de la declaración del estado de emergencia, que busca restablecer el orden y la seguridad, la persistencia de actos violentos como la balacera en Independencia la madrigada de éste domingo 13, sugiere una desconexión entre las políticas de seguridad y su implementación efectiva en el terreno.
El gobierno peruano ha recurrido al estado de emergencia en varias ocasiones, justificando su necesidad ante la amenaza a la seguridad ciudadana, este mecanismo permite al estado restringir derechos constitucionales bajo la premisa de restablecer el orden, sin embargo, la realidad en el terreno parece indicar que estas medidas no están logrando su objetivo.
La balacera en un restobar y un gimnasio, eventos que generalmente se asocian con la extorsión o ajustes de cuentas, refleja que la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no ha logrado disuadir o detener la criminalidad organizada.
La ineficacia de esta medida se puede atribuir a varios factores, primero, la percepción de que el estado de emergencia es más una respuesta simbólica que práctica, destinada a mostrar una acción contundente sin abordar las raíces del problema; la criminalidad organizada en Perú, especialmente en Lima, ha encontrado maneras de operar bajo el radar, adaptándose rápidamente a las medidas de seguridad implementadas.
Segundo, existe una críticas sobre la implementación y la estrategia detrás de estas medidas, la falta de una política integral que aborde no solo la represión sino también la prevención, la rehabilitación, y la reintegración social, deja un vacío que las medidas coercitivas no pueden llenar. La violencia y la extorsión, como se vio en Independencia, son síntomas de problemas más profundos como la pobreza, la desigualdad, y la impunidad.
El uso del estado de emergencia puede ser visto como una medida populista, donde el gobierno busca mostrar una postura de firmeza sin necesariamente tener un plan estratégico detrás.
Este enfoque populista busca calmar la opinión pública con una acción rápida y visible, pero a largo plazo, no enfrenta las causas subyacentes de la violencia, la sociedad peruana cada vez más, percibe estas tácticas como una solución temporal que no aborda la complejidad de la seguridad ciudadana.
La balacera en Independencia y otros eventos similares son un testimonio de que el estado de emergencia, tal como se ha implementado, no está cumpliendo su propósito, refleja una desconexión entre las políticas de seguridad y la realidad social y criminal del país.
Para que estas medidas no sean vistas solo como un recurso populista, es necesario que el gobierno desarrolle estrategias más integrales y sostenibles que no solo busquen la represión sino también la transformación social y económica de las comunidades afectadas.
La discusión sobre la seguridad en Perú debe trascender las medidas de emergencia y dirigirse hacia políticas que ofrezcan soluciones duraderas, demostrando que el compromiso con la seguridad ciudadana va más allá de declarar estados de excepción.
