El Congreso de Perú ha generado polémica al proponer la eliminación de la Ley Servir, una normativa importante para la modernización del servicio público en el país, esta propuesta, impulsada por bancadas como el Bloque Magisterial, Perú Libre y Juntos por el Perú, ha suscitado críticas y preocupaciones tanto de expertos en administración pública como de la ciudadanía en general.
A continuación, se desmontan los principales argumentos esgrimidos por los congresistas y se expone por qué la eliminación de la Ley Servir sería un grave error.
Argumento 1: “La Ley Servir no ha cumplido con sus objetivos”
Es cierto que la implementación de la Ley Servir ha sido lenta, con solo alrededor de 2,000 servidores públicos bajo este régimen después de diez años; sin embargo, este lento progreso no justifica su eliminación, la solución no es desmantelar un marco legal diseñado para promover la meritocracia y profesionalización, sino reforzar su implementación y corregir las deficiencias.
La Ley Servir establece mecanismos para seleccionar y evaluar a los servidores públicos basados en méritos y capacidades, un avance significativo respecto a prácticas anteriores que favorecían el clientelismo y la falta de transparencia.
Argumento 2: “No ha mejorado la meritocracia en el sector público”
La meritocracia es un proceso que requiere tiempo y compromiso para afianzarse. La Ley Servir es uno de los pilares fundamentales para modernizar la administración pública peruana y establecer una cultura de profesionalismo y eficiencia, sin esta ley se corre el riesgo de volver a un sistema donde las contrataciones se basen en influencias políticas en lugar de competencias profesionales; la existencia de una ley que promueve la meritocracia ha sido una referencia para futuras reformas y mejoras en el sector público.
Argumento 3: “El Congreso puede gestionar mejor sin la Ley Servir”
El argumento de que el Congreso puede gestionar mejor la administración pública sin la Ley Servir carece de fundamento sólido.
La Ley Servir proporciona un marco estructurado para la evaluación y desarrollo de los servidores públicos, algo esencial para cualquier administración moderna y eficiente; eliminarla sin un plan alternativo viable sería un paso atrás hacia la desorganización y la ineficacia, esta postura ignora el reciente fallo del Tribunal Constitucional que reafirma la necesidad de un régimen único y exclusivo para los servidores del Estado, consolidando así la importancia de la Ley Servir.
Argumento 4: “No ha dado los resultados prometidos”
Aunque algunos resultados esperados no se han alcanzado plenamente, muchos beneficios de la Ley Servir son innegables.
La ley ofrece sueldos competitivos, CTS, vacaciones, y oportunidades de desarrollo profesional para los servidores públicos; estos incentivos son fundamentales para atraer y retener talento en el sector público, algo crucial para la mejora continua de los servicios estatales.
Además, la ley también incluye mecanismos de evaluación del desempeño que son esenciales para asegurar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Eliminar la Ley Servir tendría varias consecuencias negativas
Primero, la derogación de la ley resultaría en la ausencia de un marco normativo claro para la selección y evaluación de servidores públicos, abriendo la puerta a prácticas menos transparentes y a la politización de los nombramientos, esto afectaría la eficiencia y profesionalismo en el sector público.
Segundo, sin un sistema que promueva la meritocracia se corre el riesgo de regresar a un esquema donde las contrataciones y promociones se basan en influencias políticas lo que perjudicaría la eficiencia y profesionalismo en el sector público, ya que la selección no estaría basada en méritos y capacidades, sino en conexiones políticas.
Tercero, la eliminación de la ley generaría incertidumbre entre los servidores públicos sobre sus condiciones laborales y beneficios, afectando su moral y desempeño.
La falta de estabilidad y claridad en sus condiciones de trabajo podría reducir su motivación y eficacia, impactando negativamente en la calidad de los servicios públicos que ofrecen.
Un retroceso injustificable
La propuesta del Congreso de eliminar la Ley Servir no solo es injustificada, sino que también representa un grave retroceso para la modernización y eficiencia del servicio público en nuestro país; en lugar de desmantelar una estructura que busca profesionalizar la administración pública, se debería trabajar en fortalecer y mejorar su implementación.
La meritocracia, transparencia y profesionalismo en el sector público son esenciales para un Estado moderno y eficiente, y la Ley Servir es un instrumento muy necesario para alcanzar estos objetivos.
