La película “The Devil´s Advocate”, cuya traducción al castellano significa “El Abogado del Diablo”, fue estrenada en 1997. Este filme estadounidense del género de terror sobrenatural, fue dirigido por Taylor Hackford y protagonizado por tres grandes del cine: Keanu Reeves, Charlize Theron y Al Pacino. En ella se narra la historia de un joven abogado de Florida (Reeves), muy exitoso, que se muda a la ciudad de Nueva York para trabajar en un importante bufete. A medida que su esposa (Theron) sufre y se ve atormentada por alucinaciones terroríficas, que para ella llegan a ser reales, el abogado empieza a darse cuenta de que el dueño de la firma (Pacino) no es lo que parece ser, sino más bien es la encarnación del mismo diablo.
En la vida real, no tenemos que ir tan lejos para encontrar algunos abogados que parecen la encarnación del diablo en lugar de la justicia.
A los pocos días de la vacancia de Martín Vizcarra a la presidencia de la república, el Poder Judicial eligió, el 12 de noviembre del 2020, al juez Jorge Luis Salas Arenas como su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período desde el 20 de noviembre del año 2020 hasta noviembre del año 2024.
De acuerdo a la ley orgánica del JNE, el representante del Poder Judicial es quien preside dicho organismo electoral. De esta manera, los caviares al mando del PJ, se aseguraron el manejo del JNE de cara a las elecciones generales del 2021.
El nuevo JNE se aseguró de acomodar el camino El Partido Aprista Peruano (APRA) fue sacado de carrera cuando el JNE decidió no inscribir casi todas las listas parlamentarias presentadas por el APRA, argumentando que habían sido ingresadas fuera de tiempo. El APRA apeló en vano dicha decisión, demostrando que los sistemas informáticos del JNE se habían “colgado” extrañamente unas horas antes de la hora de cierre de dicha inscripción.
Otro que sufrió igual suerte fue el Partido Popular Cristiano (PPC). El JNE, a través del JEE Lima Centro, declaró improcedente la inscripción de los candidatos al congreso del PPC por considerar extemporánea la subsanación presentada, por lo que finalmente quedaron fuera de carrera.
La rigurosidad de la norma aplicada a estos dos partidos políticos no fue la misma cuando se trató de la inscripción de la plancha presidencial de Perú Libre. A pesar de tener una plancha incompleta (faltaba un vicepresidente), agravado por el escándalo que la candidata Boluarte no había renunciado a su puesto en la Reniec seis meses antes de las elecciones según indica la norma, se hicieron de la vista gorda y aprobaron dicha plancha.
Luego de la segunda vuelta y ante los escándalos de irregularidades cometidas en dicha elección, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, se comportó como si fuera sordo, ciego y mudo haciendo caso omiso a todas las denuncias presentadas. El JNE, en complicidad con la ONPE, no quiso hacer público el padrón de electores, lo que habría ayudado a despejar muchas de las dudas, entre ellas por ejemplo los muertos que votaron.
¿Recuerdan el mensaje de Castillo el día 9 de diciembre del 2022 cuando trató de dar un golpe de estado? En ese momento, Castillo anunció la disolución del Congreso, convocó a un proceso constituyente e instauró un gobierno de excepción. Finalmente declaró en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Pregunto: ¿Se olvidó de los organismos electorales o será que los estaba premiando por su “ayudita” en las elecciones presidenciales?
Ante la posibilidad de una acusación constitucional en el congreso, Salas Arenas ha iniciado una campaña de victimización. Para él, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se indica que el presidente del JNE es pasible de control político por parte del Congreso, es una amenaza a la democracia.
Tal es su afán de victimización y de aferrarse al cargo, que ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo proteja de “los ataques del Congreso” y le ordene abstenerse de modificar el artículo 99 de la Constitución, por medio del cual podrían acusarlo constitucionalmente.
Como lo anterior no es suficiente, la CIDH ahora ha solicitado a la Corte IDH otorgar medidas cautelares a favor de Salas Arenas y su núcleo familiar “para proteger su vida y su integridad personal”. Según su narrativa: “la CIDH observa que, en el ejercicio de sus funciones, el juez Salas Arenas viene siendo objeto de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte”.
No es extraño que la CIDH defienda a una persona que fue abogado de terroristas en los años 80 y que perteneció al partido comunista Patria Roja, según versiones periodísticas. Lo extraño sería si la CIDH o la CORTE IDH, emiten alguna medida cautelar para defender los derechos de la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, prisionera política del régimen del presidente Luis Arce, socio de Evo Morales.
Bien decía Al Pacino en la película: “La vanidad es mi pecado favorito”, por eso no es de sorprender que no sea suficiente para Salas Arenas contar con: 17 efectivos policiales armados, camioneta, moto policial y seguridad resguardando su domicilio, a costa de nuestro bolsillo. Él quiere ser intocable.
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