La imposición de un cuadro de multas ha sido la última de un conjunto de medidas, para garantizar la inmovilización social. Se suma así a la suspensión de derechos constitucionales, el toque de queda, la restricción de vehículos particulares, el limitar las salidas a actividades básicas, la prohibición absoluta domingos y feriados, el separar por géneros la compra de alimentos, la militarización del tránsito, el redoblar las detenciones policiales, etc. En simultáneo, día a día y a todas las horas de la programación, los noticieros de la gran prensa –aquella que desde hace un mes ha cohonestado la decisión del Gobierno de sólo responder las preguntas de su conveniencia– destacan esta clase de noticias en forma exuberante, recordando los aciagos años cuando la información periodística era parametrada.
No será éste el momento para juzgar la idoneidad de semejante estrategia. Ni lamentar el gravísimo precedente para la libertad de expresión. Por ahora sólo diremos que esta parafernalia adornada con sanciones a granel, épicas acciones policiacas y una atosigante cobertura de medios, responde a un doble propósito insoslayable: culpar a la población civil por los avances del coronavirus, mientras oculta la responsabilidad oficialista.
Ciertamente el psicosocial ha funcionado hasta la fecha. La preocupación del país está en el borracho capturado, en los chiquillos irresponsables y, graciosamente, en el prohibir a las mascotas su paseo diario. No se mira ni evalúa cómo la Salud Pública viene enfrentando la pandemia. Menos el hecho penoso de desconocer el número de infectados, pues mezclan adrede las pruebas serológicas con la moleculares, solo para edulcorar las estadísticas y recabar aplausos inducidos y artificiales.
Los medios que reciben publicidad estatal están desinformando a la opinión pública. No cuentan las protestas crecientes de médicos y enfermeras en todo el país, por no contar la con protección debida. No informan sobre los fallecidos abandonados o no recogidos a tiempo, por las autoridades, ni de la angustia y dolor de los deudos. Nada dicen del fracaso de las llamadas pruebas rápidas para detectar la enfermedad, a pesar de los ejemplos notorios del congresista Luna, su padre y el deceso lamentable del ex-representante de Ucayali, todos ellos sometidos al test serológico que traidoramente los eximió del mal. Es hora de desmontar esta burda e insoportable coartada. Los peruanos no merecemos este trato borreguil, indigno de nuestra inteligencia. No permitamos que las acciones coactivas y de fuerza sigan afligiendo a los ciudadanos, muchos amenazados por la pobreza y el hambre. ¡Basta a esta política aviesa que invierte las responsabilidades pueblo-autoridades, para engañar y aferrarse al poder!.
