El día veintidós del presente mes, los mineros artesanales de todo el Perú expresaron el sentir unánime de su sector, autoconvocándose en el Centro Histórico de Lima para efectuar una multitudinaria marcha con el objetivo de revertir ciertas disposiciones anunciadas por el régimen actual. Siendo un tema de interés nacional y al enterarnos de la magnitud del evento, nos vimos en la imperiosa necesidad de abordarlo como protagonistas directos, rescatando el valor histórico del mismo.
Al empezar el día, las numerosas delegaciones de provincias se acercaban al punto de encuentro decretado: el frontis del monumento conmemorativo a Jorge Chávez, óvalo insigne en el que convergen diversas avenidas próximas al Campo de Marte. Precisamente, es en plena avenida de la Peruanidad, iniciando el distrito limeño de Jesús María, en el que el grueso de los manifestantes despliega su organizada expresión aglutinándose en compactos grupos humanos asemejados por el lugar de procedencia, llevando consigo diversos distintivos de identificación.
Minutos previos al mediodía, inició la estruendosa marcha capitaneada por las bases de Ayacucho, Puno, Huánuco, Huancavelica, entre otros, siguiendo el recorrido de la avenida 28 de Julio, cruzando Paseo de la República, José Gálvez e Iquitos para transitar la avenida Manco Cápac que se extiende hasta Abancay con el fin de posicionarse frente al Congreso de la República. Naturalmente, la movilización se realizó bajo la estricta vigilancia de la Policía Nacional del Perú, quienes aseguraron el correcto desarrollo de la misma.
Al son de los gritos de protesta por parte de los asistentes, las demandas resonaban en torno a la derogación del decreto legislativo 1607, que aseguran es una medida que dificulta el proceso de formalización minera. Asimismo, se afirma que la mencionada norma establece un plazo de noventa días para firmar un contrato de explotación, lo que resulta imposible después de doce años de esfuerzos estériles. De igual forma, el presidente del CONFEMIN, Máximo Franco, reiteró en diversas entrevistas a medios de comunicación que el decreto afecta directamente a alrededor de quinientos mil mineros artesanales y pone en riesgo el trabajo de al menos cuatro millones de personas. Javier Bernal de la región Puno, uno de los articuladores del movimiento gremial de la minería ancestral, señaló que es urgente que la plataforma propositiva de los pequeños mineros en vías de formalización sea más conocida por toda la población.
Para el final de la tarde, el movimiento logró desplazarse hasta las inmediaciones del Ministerio Público, pues únicamente los representantes accedieron al Congreso de la República, donde se reunieron con algunos parlamentarios para expresar el sentir de los manifestantes. Ante ello, los directivos que posteriormente volvieron a sus filas expresaron los acuerdos conseguidos, destacando la coordinación y el soporte por parte de la Comisión de Energía y Minas para la derogatoria definitiva del decreto legislativo, así como el respaldo en la aprobación del proyecto de Ley 3634/2022-CR – Ley de la Minería a Pequeña Escala – MAPE.
Sin duda, estimados lectores, lo ocurrido hace algunos días configura una protesta legítima que engloba preocupación general y busca una pronta solución por parte de las autoridades para un sector indispensable en la economía de nuestro país: el sector minero. Como sabemos, este no solo abarca la gran minería moderna, sino también la pequeña minería artesanal y ancestral.
* Psicologo organizacional
