Primera parte: el problema
Cuando dos medios impresos usualmente rabiosamente opuestos en su línea editorial, coinciden en su primera plana, como hoy, es que -finalmente- hemos llegado a la verdad: la inseguridad nos está destruyendo como sociedad.
La seguridad es un bien público que ni siquiera el Presidente Milei pensaría en privatizar: es el mínimo minimorum que un Estado debe proveer a sus ciudadanos. Lo peor es que no hacerlo erosiona de manera casi irreversible el contrato social fundacional expresado en la Constitución y, como consecuencia, la propia democracia.
En el Perú la seguridad es hoy un bien que solo los ricos pueden pagar. La seguridad ciudadana ha sido privatizada al extremo que es transada por proveedores informales que no son otra cosa que delincuentes que extorsionan a quienes no tienen la capacidad de pagar por un servicio de seguridad privada formal. Las organizaciones criminales nacionales o internacionales no dejan notas ni granadas a bancos o grandes tiendas por departamentos ni tampoco asesinan a los socios del Club Nacional porque eso, simplemente, no es negocio: aquellos tienen seguridad privada y aunque el botín es más grande la probabilidad de éxito es mucho menor y la de ser atrapados mucho mayor: es decir, el valor esperado resultante es menor. Es más negocio pedir 10 mil soles a cada una de las 25 MYPES de una cuadra en San Juan de Lurigancho que extorsionar por 250 mil soles a alguna agencia del BCP en San Isidro.
Esto es lo que el Gobierno y los gremios empresariales que reúnen a las grandes empresas aún no entienden: lo que sigue es la privatización de la administración de justicia y, a eso, la virtual desaparición de la razón de ser del Estado peruano tal como hoy existe.
En una segunda parte, intentaré plantear algunas ideas para recuperar la naturaleza de bien público de la seguridad ciudadana. Los invito a todos a contribuir en este esfuerzo para ofrecerle al gobierno un derrotero.
Opinión