El legítimo reclamo de los transportistas en contra de la inseguridad ciudadana, al que se han sumado otros sectores, se ha visto contaminado por la presencia de los caviares, quienes, a río revuelto, buscan poner a otro Francisco Sagasti en la Presidencia de la República.
Al inicio, la queja buscaba que cesen las extorsiones y el sicariato, pero, después de una evidente influencia política zurda, los representantes de los gremios de transportistas empezaron a exigir que se derogue la ley de crimen organizado y que se archive, a su vez, el proyecto enviado por el Ejecutivo para tipificar el delito de terrorismo urbano.
En cuanto a la primera norma, los sindicalistas aducen que, desde su promulgación (recién hace un mes y medio), ha provocado el incremento de la delincuencia, cuando, en realidad, este es un problema que arrecia al país desde hace varios años. Gran responsabilidad tiene aquí PPK y sus cómplices caviares, al permitir la entrada indiscriminada de venezolanos al país.
Esta ley no favorece, de ninguna manera, al hampa, pues lo único que hace es evitar que se criminalice a los partidos políticos contrarios a la progresía y que, al momento en que se lleven a cabo los allanamientos, los intervenidos puedan contar con un abogado, ya sea este de oficio o privado. La Fiscalía —junto a la Policía y un abogado de oficio— puede irrumpir en cualquier predio e inmovilizar todo, de tal forma que el investigado no tendrá forma alguna de ocultar ninguna prueba, hasta que llegue su abogado o decida utilizar al defensor público. No se pierde, para nada, el factor sorpresa de la diligencia; solo se garantiza el derecho a la defensa.
En torno al pedido para archivar la iniciativa sobre el terrorismo urbano, los transportistas sostienen que el planteamiento del Ejecutivo penaliza el “derecho” a la protesta, pero lo que se pretende es castigar, con toda la fuerza de la ley, a quienes cometan actos vandálicos durante las movilizaciones. Bloquear carreteras, arrojar piedras a los policías o quemar instituciones son ilícitos que están fuera del marco de la libertad de expresión.
Resulta, pues, sumamente paradójico que quienes han dedicado una vida a perseguir a los policías y militares ahora se crean los abanderados de la lucha contra la criminalidad. Si se ha perdido el principio de autoridad, es porque los caviares, a través del sistema de administración de justicia que todavía controlan, encarcelan a los agentes del orden que, en el cumplimiento de su deber, abaten a los delincuentes. Y es que, para este cáncer, los derechos humanos de los malhechores están por encima del ciudadano de bien.
