Hace algunos días el pleno del Congreso aprobó en mayoría – 93 votos – la reforma constitucional para retornar a la bicameralidad y la reelección parlamentaria indefinida, si bien esta propuesta aún debe ser ratificada en una segunda legislatura para entrar en vigencia, no dudo que la inoportuna iniciativa será aprobada, sobre todo cuando entre los requisitos para postular a la Cámara de Senadores se requiere el haber sido congresista, es decir, un traje hecho a medida de nuestros impolutos padres de la patria.
Universalmente, la existencia de las Cámaras de Diputados y Senadores sirven para dar un sano equilibrio dentro del Poder Legislativo, en donde los primeros ejercen el control político, proponiendo y aprobando proyectos de ley, los cuales en una segunda instancia son evaluados por el Senado para su respectiva ratificación o desestimación, lo que en teoría debería traer como consecuencia mejores leyes en beneficio del país.
Pero ¿Es el mejor momento para esta reforma constitucional? un Congreso cuya aceptación ciudadana no excede de un digito porcentual y cuyos congresistas logran notoriedad en base a la aprobación de bonos inmerecidos o por “mocharle” el sueldo a sus trabajadores no son precisamente adalides de la democracia sino más bien de la desacreditación de esta.
Si ello no fuera suficiente, a esta propuesta también se le agrega la posibilidad de reelección sin límites, es cierto que el actual impedimento a ser reelegido trajo como consecuencia que una vergonzosa mayoría de parlamentarios se dediquen a sacarle provecho personal – léase económico – a su cargo sin importarles las necesidades de la población y que históricamente la tasa de reelección congresal siempre fue baja, pero poner en vigencia la reelección para quienes actualmente ocupan una curul pone en evidencia una falta de ética que deslegitima la propuesta planteada.
Por otro lado, se ha abierto un nuevo debate en torno al modelo de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias – PASO -, el cual establece que todos los ciudadanos con o sin afiliación a una determinada agrupación política puedan participar activamente con su voto en la selección de los candidatos a la Presidencia del país o Congreso de la Republica de cada uno de los partidos o movimientos regionales que pretendan participar en las elecciones generales.
Considero que este modelo que debió haber entrado en vigencia el 2019 – pero que aún no ha sido aplicado – menoscaba la esencia de un partido político, precisamente uno de los privilegios que otorga el ser miembro de una agrupación política es el elegir o ser elegido dentro de una organización en donde los afiliados coinciden ideológicamente ya sea en posturas de izquierda o de derecha. Permitir que TODOS los ciudadanos voten en TODAS las elecciones internas de los partidos políticos que postulen a una contienda electoral generara el espejismo de una democracia representativa pero que en realidad será una invitación a la anarquía y la oclocracia.
En ese sentido, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen – que debe ser refrendado en el pleno legislativo – para que los ciudadanos que deseen participar en las primarias se inscriban previamente como electores en el partido donde desean intervenir con su voto. Proponiendo también – como segunda posibilidad – de que las elecciones sean mediante delegados, con esta segunda posibilidad están cambiando mocos por babas para seguir entronizando a las cupulas partidarias.
Finalmente, las propuestas sobre la bicameralidad, la reelección y la modificación de las primarias pueden aparentar ser buenas opciones, pero son solo eso “apariencias”. Un congreso deslegitimado y con la clara intención de mantener sus curules no puede pretender impulsar reformas a espaldas de quienes representan. Si realmente existiera la intención de fortalecer los partidos políticos y movimientos regionales se debe buscar que los votos de sus militantes sean respetados escrupulosamente, de esta manera quienes sean designados para representarlos en una elección tendrán la legitimidad que la democracia exige. No es algo inviable, el Congreso puede hacerlo proveyendo de la logística necesaria a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE- a fin de que disponga de los recursos necesarios para que organice, supervise y garantice los resultados electorales en los procesos internos de cada una de las agrupaciones que pretendan participar en las próximas elecciones generales, solo así podremos hablar de una verdadera democracia representativa. Todo lo demás son solo amenazas fantasmas.
