En un típico entorno rural peruano, donde está normalizada la pobreza en sus múltiples expresiones, la puesta en operación de un proyecto minero de mediana o gran escala genera muchos impactos desde la modificación de la estructura productiva del territorio, el crecimiento económico, en desarrollo humano, las consecuencias ambientales y, principalmente, las expectativas económicas en la población directamente involucrada con la explotación minera, que está dentro del “área de influencia” del proyecto, y sus proximidades.
En Apurímac, donde opera el proyecto minero Las Bambas, hay una débil presencia del Estado (como en el resto del ámbito rural peruano) para velar por el cumplimiento del acceso y goce a los Derechos Humanos con calidad y sostenibles; al respecto, como dato referencial, en el año 2019, la Desnutrición Crónica Infantil en menores de cinco años, ámbito rural, fue del 18.6%, también está la Evaluación Censal de Estudiantes al mismo año, para el 2° grado de secundaria, en comprensión lectora, ámbito rural, apenas el 1% alcanzó el nivel de “satisfactorio”, en el caso de las matemáticas fue el 2.3% y otras estadísticas van por este tipo y nivel.
En estas condiciones, o peores, la puesta en operación de este proyecto minero modificó la estructura de su Producto Interno Bruto (PIB); la participación promedio de la actividad agropecuaria en el PIB, pasó del 16.3% para el período 2010 – 2015 al 6.4% para el período 2016 – 2021 mientras que en el sector minero cambió de 5.9% a 62.0%; el impacto en el empleo es asimétrico, mientras que en el sector agropecuario absorbe el 55% (mayormente no calificada), en el minero bordea el 1% (calificada).
Por todo ello, el surgimiento de un proyecto minero se constituye en la posibilidad de superar frustraciones y el cumplimiento de muchos anhelos de la población involucrada (en este caso de las comunidades rurales) para salir de su pobreza a través de la movilización social ascendente como partícipes directos de la dinámica económica en torno a esa explotación minera.
No obstante, a pesar de que los recursos del presupuesto público por canon, regalías y otros, alcanzaron los S/ 553 millones para el 2022, veintitrés veces lo que se percibió en el 2013 y sumando S/ 2.15 mil millones en todo este período; estos recursos no estarían llegando como actividades, programas y proyectos a toda esta población vulnerable. La Contraloría General de la República ha estimado que este departamento perdió S/ 396 millones por corrupción e inconducta funcional durante el 2019, equivalente al 39.7% del total de presupuesto para gasto de capital de su gobierno regional y municipalidades. Al parecer, la lectura colectiva sobre esta sospechada corrupción organizada y sus consecuencias dramáticas en la realidad rural determinaría que los recursos públicos no formen parte del mapa de soluciones posibles, inmediatas y viables para la población rural con el propósito de salir de su entrampamiento.
Ante esta patética realidad, es el impulso de la mediana y gran minería la que activa las posibilidades con la formación de microempresas desde propuestas colectivas comunales, pasando por planteamientos individuales, con diferentes formas jurídicas, pero todas en torno al proyecto minero. Como dato referencial, al 2010 en la provincia de Cotabambas (Apurímac), donde se encuentra el proyecto minero Las Bambas, estaban registrados 1,410 contribuyentes, para el 2022 esta cifra se sextuplicó alcanzando los 9,312.
Sin embargo, en el epítome del surrealismo, el pensamiento colectivo de las comunidades campesinas que viven en el “área de influencia” (y alrededores) pareciera que es “nunca es suficiente”, como para compensar el rol de un Estado inexistente que si alguna vez “estuvo” fue de cumpli-miento. El espectro del Estado ausente impulsa y alimenta la energía de la protesta y presión y demanda de la población rural hacia la empresa, no hacia el Estado disfuncional como natural intermediario entre los agentes generadores de impuestos (entre muchos de ellos, las empresas mineras) y la población vulnerable (entre muchos de ellos, la rural andina).
No deja de ser paradójico que, mientras la minería es una alternativa importante para salir de la (trampa de la) pobreza, la presión que ejercen sobre ella, es desproporcionada, absurda y violenta, en tanto es la actividad que, en el 2021, aportó con el 64% al valor total de las exportaciones peruanas (como dato, el proyecto Las Bambas perdió más de año y medio de producción desde que inició operaciones en el 2016, y sólo durante el 2022 se registraron 186 días de bloqueo de vías en torno a este complejo minero); con esta realidad extrema se estaría asfixiando ambas posibilidades, por un lado la generación de riqueza desde el proyecto minero y, por otro, la erradicación sostenible de la pobreza… y no encuentro cómo mencionar al Estado en este párrafo.
No se vislumbra una solución duradera a estos conflictos, cada vez son más y con nuevos argumentos, fundamentalmente demandas socio-económicas (más económicas que socio) y en lo ambiental al parecer no hay mucha exigencia, todo desde la población rural del área de influencia y alrededores… ¿y el Estado?, bueno, es el ausente. En este contexto, al parecer con formas ya estructuradas o estructurales, ¿cómo lograr las condiciones mínimas para una paz social duradera, condición sine qua non para mayores inversiones, que finalmente beneficiarán a todos y en especial a esta población demandante?, ¿o acaso el propósito final es la depredación por la depredación, forzando el paso de una estructura productiva minera basada en la inversión privada a una suerte híbrida de “comunitaria-pública” donde el caos sería su estatuto? En este orden de cosas (entiéndase por desorden), con un Estado invisible (inoperante, ausente), la empresa sería lo único concreto, ahí está su infraestructura, sus máquinas, su camioneta, su gerente, sus espacios de diálogo, acuerdos que finalmente se cumplirán, en tanto haya paciencia y margen para ello.
Nota: Toda la información estadística empleada en esta Nota Conceptual es oficial, siendo las fuentes el INEI, MINEDU y SUNAT.
