Inicio esta breve reflexión con la pregunta: ¿Qué no se está haciendo con suficiencia para finalmente lograr la efectiva inclusión desde el agua y saneamiento en el ámbito rural?
Como consecuencia de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) la Organización de Naciones Unidas emitió la Resolución 64/292 reconociendo el derecho humano al agua y al saneamiento (2010), posteriormente vinieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) y en ese marco, el gobierno peruano incorporó este derecho en su Constitución Política (2017). En el pasado mediano plazo se fueron complejizando los sistemas: El planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión y financiamiento.Es así como en el 2008 se formó el Sistema Nacional de Planeamiento – SINAPLAN, liderado por CEPLAN, dando inicio a un proceso estructurado y sistemático del planeamiento estratégico en el nivel nacional, sectorial, multisectorial y territorial; paralelamente, el 2007 se comienza la implementación de la Gestión por Resultados a través de la Mejora de Calidad de Gasto implementando la programación presupuestaria estratégica, entre ellos el “Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo”, que posteriormente se conocerá como el PP 0083 “Programa Nacional de Saneamiento Rural“, entre otros muchos programas presupuestales; obviamente, todos fortalecidos a través de normativa y herramientas como aplicativos en red y tiempo real.
Asimismo, para este subsector de agua y saneamiento rural se implementaron incentivos desde el Ministerio de Economía y Finanzas con el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal – PI (implementando desde el 2009) o también cuando en el 2014 se creó el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en este caso dirigido a los gobiernos regionales. No está demás mencionar el DL 1280 (Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, de 2016) y su modificatoria con el DL 1620 denominado como “Ley del servicio universal del agua potable y saneamiento” (2023), y normas que las antecedieron como la RM N° 108-2011-VIVIENDA, que aprobaba los “Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento par los centros poblados del ámbito rural”, que ya resumía lo que hoy se conoce como el modelo de intervención integral y que incluso formalizaba las hoy conocidas como “Áreas Técnicas Municipales” – ATM (cuyo génesis fue alrededor del 2004 con COSUDE), normativa que dio lugar a muchas otras incluyendo guías y manuales por doquier desde la Cooperación Internacional, ONGD, Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento, el de Salud y también Educación, además de gobiernos regionales y locales. En este contexto el gobierno peruano ha ejecutado en agua y saneamiento rural, entre gasto corriente y capital, alrededor de US$ 8.97 mil millones entre los años 2009 al 2023, en los tres niveles de gobierno y por toda fuente de financiamiento (MEF).A pesar de todo este complejo de gestión desde el planeamiento, el presupuesto, la inversión y financiamiento en agua y saneamiento, hoy en día apenas el 3% de la población rural (entendiendo a este indicador como la real y efectiva cobertura) que cuenta con un sistema de agua para consumo humano, la consume con el nivel de cloro residual libre que exige la norma peruana (INEI – ENAPRES, MINSA). Por otro lado, apenas el 8.7% de las organizaciones comunales rurales (entidades de derecho privado) que administran su sistema son financieramente sostenibles (SUNASS) y actualmente, el 41.47% de los sistemas de agua potable rural no funcionan o funcionan limitadamente (DATASS). Finalmente, el IDH, indicador que sintetiza tres componentes (no acceder al agua y saneamiento impacta en ellos): salud, educación e ingresos, para el año 2000 ubicaba al Perú en el puesto 84° y para el año 2022 en el puesto 87°, retrocediendo a lo largo de una generación tres posiciones (PNUD).
Entonces surgen algunas obvias preguntas, ¿Qué se está haciendo mal o qué no se está viendo con la suficiente claridad, o qué no se quiere ver, que mantiene estos resultados en niveles deplorables?, de ser el caso, ¿cuáles serían los factores que determinan estos resultados?, o ¿cuál debería ser aquella correcta pregunta, compleja, cuya respuesta contenga las estrategias que nos conduzcan hacia resultados distintos y realmente inclusivos?Respuestas largamente esperadas por alrededor de 6 millones de peruanos que pueblan el ámbito rural y que aspiran al goce de este derecho humano elemental, cuya satisfacción sostenible y de calidad les permitiría mejorar de manera importante su salud, educación y productividad, escenario que a su vez liberaría recursos públicos y privados en los dos primeros, potenciando el último. Como consecuencia, se lograría una mejor asignación de recursos y mayor desarrollo humano.
* Instituto de Cultura Ciudadana SAC
