El día 26 de septiembre de 2024, a las 9:00 de la mañana, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco recibieron una llamada de Monseñor Zummer, Secretario de la Nunciatura Apostólica en el Perú, en la que se les solicitaba asistir con urgencia a una reunión en la sede de la Nunciatura. Durante el encuentro, les fue entregado un documento que incluye un Precepto Penal firmado por el Papa Francisco, en el cual se les otorga un plazo de 48 horas para cumplir con cinco condiciones, bajo la advertencia de iniciar un proceso de excomunión ferendae sententiae en caso de incumplimiento.
El origen del conflicto radica en una denuncia penal interpuesta meses atrás contra el sacerdote Jordi Bertomeu Farnós, miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por presunta violación del secreto profesional y la divulgación indebida de información confidencial que fue posteriormente filtrada a la prensa. Según los denunciantes, estas filtraciones derivaron en daños morales y difamación.
El documento entregado por la Nunciatura señala que los actos relacionados con la denuncia han sido calificados como delictivos por parte del Vaticano, alegando que dichos actos habrían tenido como finalidad:
- Fomentar el odio contra la Sede Apostólica.
- Impedir el libre ejercicio de la potestad eclesiástica.
- Dañar la buena fama de terceros.
Las condiciones impuestas por el Vaticano incluyen:
- Retirar de manera inmediata la denuncia penal.
- Ofrecer disculpas públicas a los miembros de la Misión especial.
- Proporcionar explicaciones a los medios de comunicación con los que se haya tenido contacto (a pesar de que los implicados afirman no haber contactado con ningún medio).
- Notificar al Nuncio sobre el cumplimiento de estas acciones.
- Abstenerse de realizar futuras declaraciones públicas o denuncias sobre los hechos relacionados con la Misión especial.
En caso de no cumplir con estas condiciones, los implicados serían excomulgados, prohibiéndoles recibir los sacramentos y participar en actos litúrgicos. Además, se les exige el pago de una pena expiatoria de 100,000 soles cada uno a Cáritas Lima y la prohibición de presentarse públicamente como católicos.
Los denunciantes han expresado su rechazo a las condiciones impuestas, argumentando que aceptar las mismas sería admitir delitos que no han cometido. Asimismo, han manifestado su dolor ante la situación, pero han reafirmado que seguirán defendiendo los valores de la vida, la familia y la libertad, con la conciencia tranquila.
Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que observan con atención las consecuencias que podría tener esta controversia entre los ciudadanos y la Santa Sede.
