La reciente aparición de Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial de Alberto Fujimori condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, en la plataforma TikTok ha generado una ola de cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en redes sociales y si sus publicaciones podrían constituir apología a la violencia o la exaltación del reo. En los videos, Montesinos, quien cumple una condena en el penal de la Base Naval del Callao, parece sugerir la posibilidad de un regreso a la política, lo que ha puesto en alerta a la opinión pública.
La legislación peruana, si bien no prohíbe explícitamente que personas condenadas tengan presencia en plataformas digitales, sí establece límites claros sobre la apología de crímenes. El abogado penalista Fernando Ugaz ha señalado que, según el Código Penal peruano, cualquier contenido que glorifique crímenes como el secuestro, asesinato o corrupción podría ser considerado apología. En este sentido, los videos de Montesinos podrían estar rozando este límite, dado que algunos de sus mensajes parecen justificar su accionar o, al menos, intentar normalizar su figura.
Otro aspecto polémico es el acceso de Montesinos a las redes sociales desde prisión. Aunque las personas privadas de libertad no deben tener acceso a dispositivos móviles ni a Internet por razones de seguridad, la gestión de su cuenta en TikTok parece estar a cargo de terceros en libertad, lo que no violaría las normas penitenciarias. Esto, sin embargo, abre un debate sobre los vacíos legales existentes en cuanto al uso de redes sociales por parte de personas condenadas.
El posible regreso de Montesinos a la política también ha sido un tema candente. A pesar de la difusión de sus videos, la ley peruana establece que aquellos condenados a penas privativas de libertad tienen suspendidos sus derechos civiles, lo que incluye la posibilidad de postularse a cargos públicos. Además, Montesinos aún tiene pendiente el pago de una reparación civil, lo que refuerza su inhabilitación para participar en cualquier proceso electoral.
Este caso pone en evidencia una necesidad urgente de revisar la legislación peruana en relación con el uso de redes sociales por personas condenadas. Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, la normativa actual no contempla explícitamente las implicancias de que alguien en prisión pueda tener presencia mediática a través de terceros. Es fundamental que se establezcan regulaciones claras para evitar que situaciones como la de Montesinos confundan a la opinión pública sobre el alcance de la justicia y la resocialización de los condenados.
El caso de Vladimiro Montesinos es un ejemplo claro de cómo los vacíos legales pueden generar situaciones controvertidas, que no solo afectan la percepción pública de la justicia, sino también abren el debate sobre la resocialización de personas condenadas y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito penitenciario. Las autoridades deberían revisar y actualizar la legislación para garantizar que estos casos no queden en un limbo legal que pueda dar pie a interpretaciones erróneas o a la exaltación de figuras condenadas por delitos graves.
