La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en el Perú., según el último reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), entre enero y febrero de 2025 se registraron 340 homicidios en el país, lo que representa un promedio de seis asesinatos diarios.
Los casos de sicariato y ajustes de cuentas se han vuelto recurrentes en diversas regiones, en la última semana de febrero dos menores de edad fueron asesinados en el Callao mientras compraban cremoladas; en Surco un hombre fue emboscado y ejecutado con 15 disparos, mientras que en La Libertad, tres personas fueron acribilladas en un presunto ajuste de cuentas.
El incremento de heridos de bala en hospitales
Además de las muertes, la violencia con armas de fuego ha llevado a un alarmante incremento en la cantidad de heridos. El Dr. Luis Honorio Arroyo, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres (SPMED), alertó que la atención de heridos de bala en hospitales públicos se ha vuelto rutinaria. «Todos los días recibimos pacientes con violencia por armas de fuego», señaló el especialista, quien trabaja en el Hospital Casimiro Ulloa desde hace más de 40 años.
Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, indicó que la cantidad de heridos por armas de fuego y armas blancas se ha duplicado respecto al año anterior, lo que ha generado una mayor carga laboral en hospitales de Lima como Puente Piedra, Collique, el Hospital 2 de Mayo y el Hospital Loayza.
Según cifras del Ministerio de Salud, en 2024 se atendieron 1,104 heridos de bala en hospitales del Estado, un incremento significativo respecto a los 800 casos registrados en 2022 y los 1,400 reportados en 2023. No obstante, el Ministerio aún no ha publicado un registro oficial de atenciones por impactos de bala en lo que va del 2025.
El mercado negro de armas de fuego
Expertos en seguridad han advertido que el acceso a armas de fuego en el Perú es cada vez más fácil para los delincuentes. Frank Casas, especialista en seguridad pública, señala que existe un mercado informal de armas que involucra la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, además del contrabando desde Bolivia y Ecuador.
Por otro lado, Derik Latorre, exsuperintendente de Sucamec, reveló que un 30% de las armas incautadas tienen origen legal, muchas de ellas obtenidas para «defensa personal» y luego reportadas como perdidas o robadas. «Se han relajado los filtros para acceder a armas de fuego», advirtió.
A pesar de la preocupación creciente, Sucamec evitó pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, Casas enfatizó que el control de armas es clave para reducir la criminalidad en el país, aunque el Estado aún no aborda el problema con la urgencia necesaria.
