El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el uso de los procesos disciplinarios inmediatos por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que deja sin efecto sanciones impuestas bajo este mecanismo. La sentencia restituye al juez supremo Aldo Figueroa en su cargo y sienta un precedente que podría beneficiar a otros magistrados y fiscales en situación similar.
La decisión establece que la JNJ carece de facultades para iniciar este tipo de procesos, ya que ni la Constitución ni su Ley Orgánica los contemplan. Como consecuencia, cualquier destitución o sanción derivada de estos procedimientos podría ser anulada.
Entre los posibles beneficiados se encuentra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien en noviembre de 2023 fue suspendida tras ser investigada por su presunta vinculación con una red criminal dentro del Ministerio Público. Según su abogado, Jorge del Castillo, el proceso caducó en diciembre de 2024 sin pruebas en su contra, pero fue reabierto bajo otro expediente.
Otro caso relevante es el del exfiscal supremo Pedro Chávarry, sancionado por sus vínculos con César Hinostroza en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, el exjuez Hinostroza y el exfiscal Tomás Gálvez podrían solicitar la nulidad de sus procesos disciplinarios inmediatos.
El fallo también impacta en el caso de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, investigada por una presunta irregularidad en una sentencia de julio de 2024. Con esta decisión, su proceso quedaría sin sustento legal.
Además, el TC anuló la resolución con la que la JNJ destituyó en 2021 a Víctor Ticona, expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el Tribunal, la Junta excedió sus competencias y vulneró el principio de jerarquía normativa.
Este fallo podría generar una ola de impugnaciones y reconfigurar el escenario judicial y fiscal en el país.
