Un grupo de trabajadores despedidos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en diciembre de 2023, la mayoría afiliados al recién creado Sindicato Unitario de TGP (SUTRATGP), exigen su reposición inmediata y denuncian una estrategia empresarial para dilatar los procesos judiciales. Vladimir Salhuana, secretario general del sindicato, aseguró en el programa Altavoz en Vital FM que la empresa busca «desgastar económicamente» a los afectados, cuyos casos avanzan lentamente en los tribunales.
El dirigente precisó que el SUTRATGP, fue reconocido legalmente el 2 de noviembre de 2023, y que fue un hito para los empleados de esta empresa clave en el sector energético peruano. Sin embargo, nueve días después, TGP despidió a 20 trabajadores, 14 de ellos sindicalizados, incluidos Salhuana y cuatro miembros de la junta directiva.
«En la práctica, destruyeron el sindicato. Hoy existe como persona jurídica, pero sin dirigentes», denunció el líder sindical a Altavoz en Vital.
De los 14 afiliados despedidos, cuatro aceptaron acuerdos de conciliación bajo presión, según Salhuana. Los demás rechazaron ofertas de indemnización de 12 sueldos y mantienen demandas por despido arbitrario. No obstante, tras 15 meses, siete de los diez casos pendientes ni siquiera han tenido audiencia de conciliación.
En tanto el Poder Judicial ha programado estos trámites entre abril y diciembre de 2025.
“Mi audiencia está programada para abril de este año. Lo que hace TGP es una estrategia de desgaste: alargar los procesos, lo que implica mayores gastos para nosotros, que quedamos en la calle por un despido arbitrario”, denunció el dirigente.
Además, solicitan a las autoridades judiciales agilizar los procesos para su reincorporación, considerando que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya emitió una opinión preliminar que advierte prácticas antilaborales de la empresa e incluso la sancionó por obstruir las supervisiones.
Próximas audiencias
El próximo 25 de marzo, dos de los diez trabajadores en litigio —el subsecretario y el secretario de Economía del SUTRATGP— tendrán su audiencia de juzgamiento en el 9no Juzgado de Trabajo Permanente. Salhuana, cuyo propio caso fue programado para abril, criticó la lentitud judicial: «TGP alarga los procesos, sabiendo que nosotros estamos sin recursos económicos».
Mientras tanto, el sindicato insiste en que las indemnizaciones no sustituyen el derecho a la reposición. «No queremos limosnas; exigimos volver a trabajar», sentenció Salhuana, quien asegura que la lucha continuará hasta que se restablezca la justicia laboral en una empresa estratégica para el país.
Sanciones del regulador
Cabe indicar que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó a TGP con S/ 190.148,25 en Ayacucho y S/ 27.089 en el Cusco por obstruir inspecciones al negarse entregar documentos clave, como el cuadro de categorías y funciones. Este último era fundamental para verificar si los despedidos eran realmente «personal de confianza», figura legal que TGP invocó para justificar los ceses.
«Sunafil confirmó que la empresa violó derechos sindicales protegidos por la Constitución y la OIT. Nos clasificaron como personal de ‘confianza’ de forma irregular para evitar el sindicato», afirmó.
Agregó que, según el Decreto Supremo N° 001-96-TR, TGP debió notificar por escrito dicha condición contractual, algo que nunca ocurrió en más de una década de trabajo. Además, varios despedidos participaron en elecciones del Comité de Seguridad y Salud, un derecho vedado al personal de confianza.
Para Salhuana, “clasificaron de manera irregular a trabajadores como ‘confianza’ solo con la finalidad de impedir se constituya el primer sindicato de TGP”.
