El grupo Telefónica reclama al estado peruano 1.122 millones de euros por daños y perjuicios históricos, correspondientes a impuestos realizados en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar. El monto total o parcial de esta reclamación -que pudiera o no retornar a las arcas de la teleco-, se conocerá a finales del próximo febrero de 2025 o inicio de marzo, según ha podido averiguar elEconomista.es. Para que esa incógnita se despeje deberá resolverse el arbitraje que desde hace más de tres años se dirime en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Por lo tanto, todo quedará en el aire hasta casi finales del próximo invierno, pendientes de una cuantía máxima que en el mejor de los casos equivale a casi la mitad de las ganancias de la teleco en 2023.
El área jurídica de Telefónica, junto con sus asesores fiscales del bufete Uría Menéndez, mide sus opciones en el Ciadi, no sólo para reintegrar los pagos ya realizados, sino también para desbloquear las provisiones de otros tributos exigidos por el fisco peruano.Los primeros se refieren a impuestos ya desembolsados por valor de 572,5 millones de dólares (523,6 millones de euros) con pagos efectuados al fisco peruano presuntamente contrarios a derecho.Y los segundos aluden a otras exigencias fiscales, de hasta 647,2 millones de dólares, (592 millones de euros) cuyas reservas se anotaron en las cuentas de la compañía de ejercicios precedentes. Estas últimas son cantidades exigidas por Perú, pero no pagadas por Telefónica, por considerar que violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. En el mejor de los casos, Telefónica podrá decidir la suerte de esas provisiones, ya sea mantenerlas en un país con alta inseguridad jurídica o reducir la deuda, entre otras opciones.
